ACTAS DE LAS MISIONES FRANCISCANAS EN LA SIERRA GORDA
1682 – 1683
Posesión de la Nueva Misión de San Francisco en el desembocadero del Puerto de Tolimán.
Estando en el puesto nombrado la Nopalera, términos de Sierra Gorda, asistencia de los Chichimecas bárbaros de ella, y principal morada de la cuadrilla de Bartolomé moreno, que se compone de bastante número de personas que serán hasta ciento y tantas, poco más o menos hombres, mujeres y muchachos, de toda suerte de edades, á la cual se agregó la cuadrilla de Diego Martin, indio Chichimeca que asiste en el puesto nombrado Uhí, y por haber cegado el dicho Bartolomé Moreno de la vista caporal, quedó en su lugar Agustín Martín su hijo, en dicho puesto y nueva misión: por mi disposición é industria se ha fabricado una iglesia; con la advocación de San Jerónimo Doctor de la Iglesia; en veintiocho del mes de marzo de mil seiscientos ochenta y tres; yo el capitán Gerónimo de Labra, general protector de los indios Chichimecas, de dicha Sierra Gorda y todas sus fronteras, por el rey nuestro señor, en virtud de la facultad que para este efecto me tienen concedida, y en conformidad de mi real título; serían las ocho horas de la mañana poco más o menos, cuando el sonido de una campana que colgó en dicha iglesia y estando dentro de ella en concurso de otras muchas personas y españoles que acudieron, cogí por la mano al Reverendo padre predicador Fray Nicólas de Ochoa, lo metí en posesión de la dicha iglesia, nombrada San Gerónimo de la Nopalera… después celebró el santo oficio de la misa, y la oyeron los dichos Chichimecas los que mediante por lengua de Francisco de Aguilar interprete de estas naciones que traduce su lengua á la otomí.
Y de cómo hoy dicho día se bautizarón en esta iglesia número de veintidós personas de esta nación Chichimeca, tres niños y los diez y nueve, desde nueve años para arriba hasta sesenta.
sábado, 5 de junio de 2010
AGRIPINA MONTES
“LA GENERALA” AGRIPINA MONTES
Mujer de gran arrojo y valentía, francamente hermosa, hija de una familia católica del semidesierto querétano. Participó en la Cristiada contra las medidas jacobinas del presidente Calles. Dotó de cabalgaduras y armas a un centenar o poco más de peones de su rancho y campesinos de cercanías del cerro del Pinal de Amoles, y combatió varias veces, invicta, contra los reclutas agraristas del general Saturnino Cedillo y los federales de Genovevo Rivas Guillén. Se ganó apulso el grado de Coronela; al menos, bajo ese apodo se la conoció.
Entre las muchísimas fuentes de primera mano en que Jean Meyer fundamentó su monumental estudio sobre la Cristiada, cita unas Memorias inéditas de Agripina Montes; también unas entrevistas que con ella tuvo hacia 1968-1969, cuando la localizó en la ciudad de Querétaro, con 82 años a cuestas (Meyer, 1973: I, 236). Según Efraín Huerta, que en El Gallo Ilustrado del periódico El Día comentó la obra de Meyer, la entrevista
de éste con la Coronela y una foto de ella publicada en un diario queretano permiten saber que era “una mujer francamente hermosa” (Huerta, 1978).
Semejante, o acaso superior a la hazaña bélica de Martín Díaz, el afamado capitán de cristeros alteños que rompió el famoso sitio de la Mesa Redonda, fue la de la Coronela Agripina Montes al haber desbaratado a sus enemigos, que la tuvieron copada, en el cerro del Mural:
Señores, con el permiso,
Prestándome la atención,
voy a cantar un corrido
de la tal revolución.
¡Ay!, decía doña Agripina
con sus armas en la mano,
yo me voy con esta gente
para el cerro zamorano.
Decía el señor de la Torre,
con todos sus valedores:
Yo me voy con esta gente
para ese Pinal de Amoles.
Decía el general Rivas:
—Yo traigo parque de acero;
no pierdo las esperanzas
de acabar con los del cerro.
Decía el general Cedillo:
—Rivas, espérate, aguántate,
no se te vaya a voltear
lo de atrás para adelante.
Vuela, vuela, palomita,
con tus alitas muy finas,
anda llévale a Agripina
estas dos mil carabinas.
Vuela, vuela, palomita,
con tus alitas doradas,
anda llévale a Agripina
este parque de granadas.
—¡Ay!, decía doña Agripina,
que estaba ya en desatino,
divisa para aquel cerro,
a ver si viene el auxilio!
De ese cerro del Pino
bajó la caballería,
iban a ver a Agripina,
que sitiada la tenían.
Se fueron los agraristas
con muchísimo valor,
formándole un sitio grande
a Agripina alrededor.
De esa cañada mentada
de ese cerro del Mural
acabaron al gobierno
de San Pedro Tolimán.
De San Pedro Tolimán
estaban pasando lista;
nomás se vía el tiradero
de puritos agraristas.
—¡Ay!, decía doña Agripina
a todos los prisioneros—
Digan si son agraristas,
para darles sus terrenos.
Ya con esta me despido,
parándome en una esquina,
aquí termina el corrido
de la señora Agripina.
Anónimo. San Diego de la Unión, Guanajuato
(Mendoza, 1964: 120).
Cabe mencionar que este personaje fue objeto de una pérfida adulteración, primero en una película y luego en una telenovela. En su lugar se presentaba a una seudo revolucionaria apodada la Generala, creo que encarnada por María Félix. Tanto en cine como en televisión se tergiversó el fondo real de la novela Pensativa de Jesús Goytortúa (Premio “Lanz Duret” 1944), en la cual se basaron las respectivas líneas argumentales. El libro, en efecto, recogió con bastante fidelidad el perfil épico de Agripina Montes, aunque a la vez parece reflejar el de otra jefa de cristeros, Guadalupe Chaires, que tomó las armas por esos mismos años en la zona vecina de la Sierra Gorda guanajuatense.
No dejan de sorprender las mujeres que no sólo animaban o impulsaban a los hombres, sino que ellas mismas tomaban las armas, como Agripina Montes “La Coronela” a quien los Federales imaginaban a la cabeza de las tropas de la Sierra Gorda de Querétaro, quizá no era un caudillo guerrero, pero organizó el alzamiento de Manuel Farías, en Colón, y lo propagó por toda la región con una energía absolutamente militar.
El alzamiento armado en Colón fue el 4 de febrero de 1928, encabezado por el General Manuel Frías, con cerca de cien hombres armados, a la toma de la Presidencia Municipal. Salieron del Rancho el Derramadero, donde Agripina Montes se quedo custodiano los choferes de los camiones que habian secuestrado, siempre alerta por cualquier novedad, ella misma recuerda que le gustaría regresar al rancho y mirar desde la ventana de aquella habitación donde estuvo ese día y hacer memoria de esos acontecimientos.
Mujer de gran arrojo y valentía, francamente hermosa, hija de una familia católica del semidesierto querétano. Participó en la Cristiada contra las medidas jacobinas del presidente Calles. Dotó de cabalgaduras y armas a un centenar o poco más de peones de su rancho y campesinos de cercanías del cerro del Pinal de Amoles, y combatió varias veces, invicta, contra los reclutas agraristas del general Saturnino Cedillo y los federales de Genovevo Rivas Guillén. Se ganó apulso el grado de Coronela; al menos, bajo ese apodo se la conoció.
Entre las muchísimas fuentes de primera mano en que Jean Meyer fundamentó su monumental estudio sobre la Cristiada, cita unas Memorias inéditas de Agripina Montes; también unas entrevistas que con ella tuvo hacia 1968-1969, cuando la localizó en la ciudad de Querétaro, con 82 años a cuestas (Meyer, 1973: I, 236). Según Efraín Huerta, que en El Gallo Ilustrado del periódico El Día comentó la obra de Meyer, la entrevista
de éste con la Coronela y una foto de ella publicada en un diario queretano permiten saber que era “una mujer francamente hermosa” (Huerta, 1978).
Semejante, o acaso superior a la hazaña bélica de Martín Díaz, el afamado capitán de cristeros alteños que rompió el famoso sitio de la Mesa Redonda, fue la de la Coronela Agripina Montes al haber desbaratado a sus enemigos, que la tuvieron copada, en el cerro del Mural:
Señores, con el permiso,
Prestándome la atención,
voy a cantar un corrido
de la tal revolución.
¡Ay!, decía doña Agripina
con sus armas en la mano,
yo me voy con esta gente
para el cerro zamorano.
Decía el señor de la Torre,
con todos sus valedores:
Yo me voy con esta gente
para ese Pinal de Amoles.
Decía el general Rivas:
—Yo traigo parque de acero;
no pierdo las esperanzas
de acabar con los del cerro.
Decía el general Cedillo:
—Rivas, espérate, aguántate,
no se te vaya a voltear
lo de atrás para adelante.
Vuela, vuela, palomita,
con tus alitas muy finas,
anda llévale a Agripina
estas dos mil carabinas.
Vuela, vuela, palomita,
con tus alitas doradas,
anda llévale a Agripina
este parque de granadas.
—¡Ay!, decía doña Agripina,
que estaba ya en desatino,
divisa para aquel cerro,
a ver si viene el auxilio!
De ese cerro del Pino
bajó la caballería,
iban a ver a Agripina,
que sitiada la tenían.
Se fueron los agraristas
con muchísimo valor,
formándole un sitio grande
a Agripina alrededor.
De esa cañada mentada
de ese cerro del Mural
acabaron al gobierno
de San Pedro Tolimán.
De San Pedro Tolimán
estaban pasando lista;
nomás se vía el tiradero
de puritos agraristas.
—¡Ay!, decía doña Agripina
a todos los prisioneros—
Digan si son agraristas,
para darles sus terrenos.
Ya con esta me despido,
parándome en una esquina,
aquí termina el corrido
de la señora Agripina.
Anónimo. San Diego de la Unión, Guanajuato
(Mendoza, 1964: 120).
Cabe mencionar que este personaje fue objeto de una pérfida adulteración, primero en una película y luego en una telenovela. En su lugar se presentaba a una seudo revolucionaria apodada la Generala, creo que encarnada por María Félix. Tanto en cine como en televisión se tergiversó el fondo real de la novela Pensativa de Jesús Goytortúa (Premio “Lanz Duret” 1944), en la cual se basaron las respectivas líneas argumentales. El libro, en efecto, recogió con bastante fidelidad el perfil épico de Agripina Montes, aunque a la vez parece reflejar el de otra jefa de cristeros, Guadalupe Chaires, que tomó las armas por esos mismos años en la zona vecina de la Sierra Gorda guanajuatense.
No dejan de sorprender las mujeres que no sólo animaban o impulsaban a los hombres, sino que ellas mismas tomaban las armas, como Agripina Montes “La Coronela” a quien los Federales imaginaban a la cabeza de las tropas de la Sierra Gorda de Querétaro, quizá no era un caudillo guerrero, pero organizó el alzamiento de Manuel Farías, en Colón, y lo propagó por toda la región con una energía absolutamente militar.
El alzamiento armado en Colón fue el 4 de febrero de 1928, encabezado por el General Manuel Frías, con cerca de cien hombres armados, a la toma de la Presidencia Municipal. Salieron del Rancho el Derramadero, donde Agripina Montes se quedo custodiano los choferes de los camiones que habian secuestrado, siempre alerta por cualquier novedad, ella misma recuerda que le gustaría regresar al rancho y mirar desde la ventana de aquella habitación donde estuvo ese día y hacer memoria de esos acontecimientos.
COLON Y SUS COMUNIDADES
TOPONIMIA
COLÓN (Municipio)
Se le nombra así en honor al descubridor de América; el Navegante, de origen Genovés, Crisoforo Colombo. El nombre de Colón se da a esta ciudad y municipio por petición de sus habitantes y por Decreto del Congreso con fecha 12 de junio de 1882, que en su Artículo 2º, Ley 59, dice: “De Los Pueblos de Tolimanejo y Soriano se formará una villa que se denominará “Villa Colón”, así lo mandó el gobernador Don Francisco González de Cosío; desde entonces el nombre de Colón.
1. Escudo de armas:
Este escudo fue creado por el propio pueblo Cólones, mediante un concurso público convocado por el H. Ayuntamiento de 1985-88. El día 10 de octubre del año de 1986 a las 20:00 hrs., en el portal de la casona del Ayuntamiento de Colón ante el numeroso público reunido, fueron exhibidos doce diseños concurrentes; de estos, se sumo la simbología constante y se realizó un diseño que sintetizo las doce propuestas y la maestra Rosario S. De Lozada, realizó en óleo sobre lienzo el escudo existente en la sala capitular del Ayuntamiento.
Significado del escudo
El escudo de Colón se encuentra enmarcado por un sobrio cortinaje color de la cantera rosada queretana cuyo significado es la ubicación geográfica del Municipio.
En el cuartel superior derecho sobre color ocre amarillo destaca el busto del almirante Cristóbal Colón, con su simbólica carabela que vuelve a España llevando la noticia de la existencia de este mundo. Colón, figura universal, simboliza la investigación, la búsqueda y la perseverancia para encontrar nuevos caminos hacia un nuevo mundo.
En el cuartel superior izquierdo, al centro, un toro español representa la ganadería bovina; que desde hace más de cuatro siglos iniciaron los españoles; al fondo una conífera y una filifera representan dos recursos naturales del municipio, que por siglos ha contribuido a la economía y a múltiples usos de la comunidad. Abajo en este mismo cuartel en primer plano se ve un maizal en elote maduro, esto representa la fertilidad del suelo y la prosperidad agrícola en la producción de forrajes y semillas; en este mismo plano al lado izquierdo del cuartel, las cactáceas allí representadas recuerdan que una porción del suelo del municipio es semidesértico. En este extremo superior izquierdo del mismo cuartel flota en el aire un jorongo representativo de la artesanía textil lanera que beneficia la economía colonense desde el siglo XVI.
El cuartel único inferior muestra el panorama al oriente de la ciudad de Colón: en primer plano está el nopal que recuerda al Escudo Nacional, pero en este nopal lo que hay son flores y frutos en desarrollo; junto al nopal surge una jovencita mexicana que representa el mestizaje hispano-indígena. En segundo plano a la derecha hay armas chichimecas, arco y flechas y una piel de coyote, vestimenta del pueblo, la izquierda las armas otomíes, lanza y macana, y las españolas, cascos espada y rodela decorada con una greca otomí, esto significa la alianza y la amistad de los otomíes con los españoles.
En tercer plano están los templos que construyeron los pobladores en el siglo XVII San Francisco Tolimanejo y Santo Domingo de Soriano; estos edificios representan el origen y la historia de Colón, formada por los tres pueblos antiguos: otomí, chichimeca y español, al fondo sale un sol tras los cerros orientales en un nuevo día. El sol tiene el número 1531, fecha de su fundación.
TOPONIMIA DE LAS PRINCIPALES LOCALIDADES QUE COMPRENDEN EL MUNICIPIO DE COLÓN:
INTRODUCCIÓN
Para las últimas décadas del siglo XIX, Don Amado de la Mota, había distribuído las tierras en mediería entre los habitantes de los poblados integrados a las haciendas, algunos nombres de los poblados son explícitos en cuanto a las funciones que cumplían con la hacienda como la Puerta de Enmedio, Puerta del Mezote, que eran literalmente las puertas de los potreros o corrales que se encontraban entre los cerros; o el Puerto de Tepozán, que era un sitio de descanso, herraje y ordeña; o la Carbonera, zona de agostadero y lugar de reunión del carbón bajado del Pinal de Zamorano.
La Zorra, Peña Colorada, la Puerta del Mezote, la Puerta de Enmedio y la Pila se formaron con cuadrillas encargadas de cuidar el ganado vacuno y caballar que se encontraba en el Cerro del Moro. Así como El Alamo (Nuevo Alamos) que se formo con una cuadrilla encargada de cuidar el ganado caprino y lanar.
Los nombres de algunas estancias o poblados indicaban, la abundancia de sus cultivos, animales u obras de infraestructura como: los Trigos, las Calabazas, los Tanquecitos, la Zorra, La Pila o Presa de Rayas. En la segunda mitad del siglo XIX, la familia Mota, había vendido o donado, grandes extensiones (Atongo, Santa María del Mexicano, el Rosario) pero conservaba El Zamorano, Amazcala, Alfafayucan y El Lobo.
AJUCHITLÁN
TOPONIMIA:
La palabra Ajuchitlán se deriva de la lengua Náhuatl que quiere decir “lugar de flores”. Fue una zona habitada por Chichimecas y con tan solo unas cuantas chozas ya poseía este nombre dado probablemente por sus moradores.
DATOS HISTÓRICOS:
En 1688 fue propiedad del Capitán Pedro de Solchoaga, siendo un latifundio formado por otras Haciendas como el Rosario, el Gallo, Santa Rosa, San Martín, Panales, Gudinos, Salitrera y el Potrero. Y otros pequeños ranchos como San Martín, los Benitos, el Carrizal.
El año de 1650 llegó a este lugar Romero de Terreros “Conde de Regla” de origen español, quien adquirió la propiedad, la cual no era agrícola ni ganadera, si no una Hacienda de beneficio de explotación minera, se explotaban las minas productoras de oro y plata, llamadas minas de Ajuchitlán y que ahora son conocidas como las minas de San Martín, el mineral extraído en bruto se procesaba en la hacienda, el oro y plata, se enviaban a la Ciudad de Monterrey.
El conde de Regla vende la Hacienda a Pedro Echeverría que continúa con la explotación de las minas, durante este tiempo entran en pugna liberales y conservadores, abundando los asaltos y el bandidaje, que como consecuencia trajo la baja en la producción. Ante tal situación, Pedro Echeverría vende la Hacienda a Pedro Gorozpe, el cual deja la actividad minera para dedicarse a la agricultura y ganadería. En esta época se construyen varios pozos que eran utilizados para regar las tierras de cultivo.
La Hacienda comenzó a prosperar y a llegar más gente como trabajadores y con otras ideas se logro que fuera reconocida por su volumen de producción de Trigo, siendo su principal cultivo. De 1907 a 1917 Pedro Gorozpe radica en la Ciudad de México, al desempeñar el cargo de Ministro del Gobierno quedando como administrador de la Hacienda Cesáreo Barrera.
Toda la producción de la Hacienda (frutas y ganado) le eran enviadas al señor Gorozpe a la ciudad de México y a su muerte, en el año 1918, se repartió de la manera siguiente: Ajuchitlán, Salitrera y el Potrero para su hija Luz; el Rosario para la Sra. Guadalupe, casada con el Sr. Luis de la Sota; la Sra. Dolores solo heredo una pequeña fracción llamada el Tecolote, pues el Sr. Gorozpe nunca acepto como yerno al Sr. Amado Guadarrama, pero su cuñada la Señorita Luz le dio todo el poder sobre su herencia, es decir, Ajuchitlán, Salitrera y el Potrero, el Gallo y Santa Rosa lo heredo don Pedro, San Martín y Gudinos Don Ignacio. En 1937 se filma la película “Adiós Nicanor”.
Los trabajadores de la Hacienda recibían un salario de doce centavos y un cuartillo de maíz diario, a los trabajadores menores de 18 años se les pagaba 6 centavos y el sueldo lo cobraba el papá.
En 1932, llega la orden del gobierno para medir y repartir las tierras de los alrededores, sin embargo Don Amado Salitrera logra que le sean devueltas todas las tierras que actualmente ocupa la Secretaria de Agricultura Ganadería y Desarrollo rural. En 1949 el coronel Valseca le compra la Hacienda en 1 millón de pesos plata, para dar cumplimiento a la orden de gobierno, es entregada la dotación por resolución presidencial al Ejido Ajuchitlán
EL BLANCO
TOPONIMIA:
Fundado en 1800 debido a la construcción de la Hacienda “El Blanco” por Don Guadalupe Guadarrama, se le llama así por la apariencia, que a la lejanía daba el cerro, cuando los peones de la Hacienda usaban su vestimenta blanca y realizaban sus labores en el cerro y este se veía de color blanco y como alusión a la bonanza de sus tierras.
DATOS HISTÓRICOS:
El Blanco fue centro de gran actividad bélica en época de la Revolución y en la época Cristera, por la cercanía con el cerro del Moro donde se establecían los campamentos de “los levantados”.
A partir de 1934 se inicia el reparto ejidal, dando lugar a la construcción de la zona urbana, la solicitud de dotación de ejido esta fechada en 1940 y la de ampliación en 1947, el numero de beneficiados originalmente fueron setenta y un personas
Un personaje ilustre es Juan Piña, recordado por su espíritu entusiasta, nació en 1908, trabajó desde temprana edad en la Hacienda, emprendió varias obras en la comunidad como la construcción del Templo, la banda local se formo por su iniciativa, proporcionando los instrumentos y el local para los ensayos, murió en 1965, víctima de la diabetes.
EL POTRERO
TOPONIMIA:
En un inicio, cuando la comunidad pertenecía al grupo de haciendas que tenían por sede principal en Ajuchitlán, se le conocía con el nombre de El Gran Rancho.
En el año 1862 se le dio el nombre definitivo en honor a las principales actividades desarrolladas en el lugar: la agricultura y la ganadería.
DATOS HISTÓRICOS:
El inicio de ésta comunidad, se remonta hacia el siglo XVI, formada en su mayoría por tribus otomíes, antecedentes plasmados en las pinturas encontradas en una serie de cuevas localizadas al poniente de la comunidad, donde se observan diversos signos representando una cruz, así como una serpiente en proceso de ascensión a través de un báculo simbolizando el paso del espíritu hacia la inmortalidad. Además de una pintura simbolizando una mano con siete dedos, los cuales reflejan las direcciones hacia donde se realizó la expansión de la cultura.
Alrededor del siglo XVIII, llega a la comunidad un arrendatario de apellido Osorio, dependiente de los hacendados de Ajuchitlán, Gudinos y El Lobo, quien detono de manera notable la explotación de los terrenos destinados para la agricultura y la ganadería.
En cuanto al origen de las primeras familias de apellido Basaldua, al parecer, proveniente de un ciudadano Español de la región Vasca, su descendencia Vicente Hernández y Victoriano Hernández, hijos de Leonila Hernández, hacia el año 1862.
SANTA MARÍA DEL MEXICANO
TOPONIMIA: El P. Florencio Rosas adquiere un terreno cerril carente de vegetación, valioso por su manantial llamado Potrero del Mexicano, poco tiempo después le cambia el nombre a Santa María del Mexicano por el fervor a la Virgen de Guadalupe y como promotor de las peregrinaciones a pie de Querétaro al Tepeyac. En palabras de Don Valentín Frías lo describe como: Un verdadero oasis en medio del desierto.
DATOS HISTÓRICOS:
En el Municipio hay un lugar admirable llamado Santa María del Mexicano, distante diez kilómetros al noreste de la cabecera Municipal. Sus grandes y hermosos edificios de piedra fueron construidos el último tercio del siglo XIX, con la dirección del Ing. Presbítero Don Zacarías Gómez, durante la administración y rectoría del señor Presbítero Don Florencio Rosas y Arce.
El territorio llamado “Potrero del Mexicano” fue cedido por Don Amado de la Mota y por su hijo Juan de Dios, para que en este construyesen la casa de retiros y de vacaciones del Seminario Diocesano y de otros colegios dirigidos por el mismo Padre Florencio Rosas.
LA CARBONERA
TOPONIMIA:
La comunidad de Carbonera se origino por la creación de una Hacienda dedicada a la agricultura y a la ganadería, construida por sus mismos trabajadores.
DATOS HISTÓRICOS:
EL ZAMORANO
TOPONIMIA:
El señor Amado de la Mota construyó varias Haciendas para repartirlas a sus familiares, pero la principal era la del Zamorano, la familia de la Mota le dio este nombre en honor al señor Victoriano Zamorano, capataz de la hacienda. El señor Zamorano prestó sus servicios a la familia de la Mota desde muy pequeño, de ahí el gran afecto.
DATOS HISTÓRICOS:
El primer poblador del Zamorano fue el Sr. Juan Estrada, quién llegó a instalarse con su familia en esta comunidad y posteriormente llegaron algunas más, como la de los señores Cruz Bustamante, Francisco Luna, Agustín Pérez, Dolores Pájaro, Felipe Villegas, Andrés Becerra y Timoteo Salinas.
El señor Juan de la Mota era revolucionario y peleaba por la causa de Tomás Mejía, que en agradecimiento a la lealtad que le tenía le regalo los terrenos que actualmente ocupa la comunidad del Zamorano, estos terrenos colindaban con Ajuchitlán, el Potrero, El Carmen, Los Trigos, Chichimequillas y Alfayucan. Ambos personajes apoyaban al Archiduque Maximiliano quienes fueron fusilados en Querétaro en el cerro de las Campanas.
El señor de la Mota construyó varias Haciendas para repartirlas a sus familiares, pero la principal era la del Zamorano, la familia de la Mota le dio este nombre en honor del señor Victoriano Zamorano, capataz de la hacienda. El señor Zamorano prestó sus servicios a la familia de la Mota desde muy pequeño, de ahí el gran afecto.
La comunidad del Zamorano recibe este nombre desde el año 1850.
PUERTO DEL COYOTE
TOPONIMIA:
Toma el nombre por la situación geográfica, ya que se encuentra en el cerro del Zamorano y es un paso entre montañas, formando un refugio natural para los primeros habitantes e incluso para el coyote, que abunda a los alrededores de esta comunidad, de aquí su nombre Puerto del Coyote.
DATOS HISTÓRICOS:
La comunidad se fundó en el año de 1850, perteneció a la Hacienda del Lobo, propiedad de Amado de la Mota; las primeras familias provenían de San José Iturbide Guanajuato, Hidalgo y Tolimanejo (hoy Colón), quienes se dedicaron a la explotación de la zona del bosque circunvecino y de las pocas zonas cultivables.
No solo el Coyote fue fundado en esa época, sino que tambien surgierón otras comunidades más lejanas, como Los Trigos y El Fuenteño. Las primeras cuatro familias fueron las de los señores Natividad Ledezma y Conrado Guevara, provenientes de San José Iturbide Guanajuato; la del señor José Tiburcio Salinas, proveniente del estado de Hidalgo y la del señor Sabino Becerra, proveniente de Tolimanejo (Colón).
Durante la Revolución Mexicana, por las condiciones de la zona, fue un lugar ideal para que el ejercito federal y revolucionario, se resguardara, siendo lugar de enfrentamientos armados, como se recuerda que en el año de 1917, se enfrentaron estos bandos en el “Arroyo de los Pilones”, quedando regados los cadaveres, las armas, oro y tesoros como hacen memoria los pobladores con mayor edad.
Esta comunidad, en el año de 1953, se organiza para solicitar la posesión legal de los terrenos. El gobierno estatal mediante la resolución del 11 de septiembre de 1953, dota de 2, 775,32 hectareas, para uso colectivo de la población. Y el 8 de diciembre de 1954, mediante resolución Presidencial, se concede a la comunidad la categoría de Ejido, formandose el primer consejo del Comisariado Ejidal del Coyote.
EJIDO PATRIA
TOPONIMIA:
Esta comunidad se origino en lo que fue la ex hacienda de “El Lobo”. Antes llamada Calabazas por la abundancia de calabacillas silvestres que se daban en la zona.
Por petición de los habitantes se solicito al Congreso local el cambio de nombre a la comunidad, dicho nombre y por decreto del 10 de Octubre de 1974 fue el de Ejido Patria.
SORIANO
TOPONIMIA
Toma este nombre por la relación que existe con un pueblo de la región de Calabria, Italia, llamado Soriano, donde se fundó un convento de la orden de los Dominicos, en el año de 1510; centro de veneración de Santo Domingo de Guzmán. Cuando el Rey Español, Carlos II, envía a los Misioneros Dominicos e la Nueva España, llegan a evangelizar la zona de la Sierra Gorda, con la construcción de misiones, que ayudaran en la pacificación de los Chichimecas Jonaces. Los Dominicos, conociendo la fama de Santo Domingo de Soriano, en Italia, obtienen el permiso para poner este nombre a una de las Misiones de la Sierra Gorda Queretana, fundada en diciembre del año 1687, por Fray Luis de Guzmán y veinticinco familias de indios Chichimecas Jonaces, en esta época se comenzo la construcción del templo de Santo Domingo teniendo por patrono a Santo Domingo de Guzmán.
LA ESPERANZA
TOPONIMIA
Desde el origen de la comunidad de La Esperanza, en tiempos previos a la Independencía de México, hasta nuestros días ha tenido este nombre. La fecha de su fundación no esta delimitada, debido a que los escritos y documentos legales que los confirman fueron destruídos en la época de la Revolución Méxicana.
DATOS HISTORICOS
Uno de los datos palpables del origen y fundación de La Esperanza, es el viejo panteón, en el cual existen lápidas donde se aprecian inscripciones que datan del año 1836. Según la tradición oral, el origen de la comunidad de La Esperanza data desde tiempos anteriores a la Independencia de México; el asentamiento de un grupo de personas denominado “Cuadrilla de la Virgen de la Esperanza” localizado a los alrededores de la mina de “El Iris” al noreste de la actual comunidad; dió pauta para el inicio de la construcción de una Casa Hogar para gente de escasos recursos y menesterosos, que se realizó bajo la protección de la Sra. Doña Josefa Vergara.
Durante el tiempo de la Independencia, por medio de un testamento firmado por Doña Josefa Vergara, se nombró albacea al Gobierno del Estado de Querétaro para manejar la construcción que albergaba la Casa hogar. Desde ese momento se canceló la finalidad de la obra y se destinó a la creación de un polo de desarrollo comunitario al que se le denomino La Esperanza.
No se sabe con certeza la fecha exacta en la que la Hacienda de La Esperanza pasó del Gobierno del Estado a manos de la iniciativa privada, sin embargo se conoce el nombre del primer propietario: Don Manuel Septién.
EL LEONCITO
TOPONIMIA
Los trabajadores de la Hacienda de el Lobo dieron el nombre a esta población debido a que en los alrededores habitaba este felino (gato montes).
DATOS HISTÓRICOS
Su fundación data del año 1897 por Don Demetrio Ledezma Elizarraga originario de El Capulin, Guanajuato. Don Demetrio llegó a este lugar donde se dedico a trabajar para los patrones de la Hacienda de el Lobo.
PEÑA BLANCA
TOPONIMIA
El nombre de esta comunidad se debe a la piedra que abunda por estos lugare y que se utiliza en las construcciones como la Capilla y las casas del lugar.
LA PEÑUELA
TOPONIMIA
Desde sus origenes ha llevado este nombre, desconociendo la fecha exacta de su fundación y del por qué sus primeros habitantes le llamarón San José de la Peñuela, por la devoción al Señor San José.
COLÓN (Municipio)
Se le nombra así en honor al descubridor de América; el Navegante, de origen Genovés, Crisoforo Colombo. El nombre de Colón se da a esta ciudad y municipio por petición de sus habitantes y por Decreto del Congreso con fecha 12 de junio de 1882, que en su Artículo 2º, Ley 59, dice: “De Los Pueblos de Tolimanejo y Soriano se formará una villa que se denominará “Villa Colón”, así lo mandó el gobernador Don Francisco González de Cosío; desde entonces el nombre de Colón.
1. Escudo de armas:
Este escudo fue creado por el propio pueblo Cólones, mediante un concurso público convocado por el H. Ayuntamiento de 1985-88. El día 10 de octubre del año de 1986 a las 20:00 hrs., en el portal de la casona del Ayuntamiento de Colón ante el numeroso público reunido, fueron exhibidos doce diseños concurrentes; de estos, se sumo la simbología constante y se realizó un diseño que sintetizo las doce propuestas y la maestra Rosario S. De Lozada, realizó en óleo sobre lienzo el escudo existente en la sala capitular del Ayuntamiento.
Significado del escudo
El escudo de Colón se encuentra enmarcado por un sobrio cortinaje color de la cantera rosada queretana cuyo significado es la ubicación geográfica del Municipio.
En el cuartel superior derecho sobre color ocre amarillo destaca el busto del almirante Cristóbal Colón, con su simbólica carabela que vuelve a España llevando la noticia de la existencia de este mundo. Colón, figura universal, simboliza la investigación, la búsqueda y la perseverancia para encontrar nuevos caminos hacia un nuevo mundo.
En el cuartel superior izquierdo, al centro, un toro español representa la ganadería bovina; que desde hace más de cuatro siglos iniciaron los españoles; al fondo una conífera y una filifera representan dos recursos naturales del municipio, que por siglos ha contribuido a la economía y a múltiples usos de la comunidad. Abajo en este mismo cuartel en primer plano se ve un maizal en elote maduro, esto representa la fertilidad del suelo y la prosperidad agrícola en la producción de forrajes y semillas; en este mismo plano al lado izquierdo del cuartel, las cactáceas allí representadas recuerdan que una porción del suelo del municipio es semidesértico. En este extremo superior izquierdo del mismo cuartel flota en el aire un jorongo representativo de la artesanía textil lanera que beneficia la economía colonense desde el siglo XVI.
El cuartel único inferior muestra el panorama al oriente de la ciudad de Colón: en primer plano está el nopal que recuerda al Escudo Nacional, pero en este nopal lo que hay son flores y frutos en desarrollo; junto al nopal surge una jovencita mexicana que representa el mestizaje hispano-indígena. En segundo plano a la derecha hay armas chichimecas, arco y flechas y una piel de coyote, vestimenta del pueblo, la izquierda las armas otomíes, lanza y macana, y las españolas, cascos espada y rodela decorada con una greca otomí, esto significa la alianza y la amistad de los otomíes con los españoles.
En tercer plano están los templos que construyeron los pobladores en el siglo XVII San Francisco Tolimanejo y Santo Domingo de Soriano; estos edificios representan el origen y la historia de Colón, formada por los tres pueblos antiguos: otomí, chichimeca y español, al fondo sale un sol tras los cerros orientales en un nuevo día. El sol tiene el número 1531, fecha de su fundación.
TOPONIMIA DE LAS PRINCIPALES LOCALIDADES QUE COMPRENDEN EL MUNICIPIO DE COLÓN:
INTRODUCCIÓN
Para las últimas décadas del siglo XIX, Don Amado de la Mota, había distribuído las tierras en mediería entre los habitantes de los poblados integrados a las haciendas, algunos nombres de los poblados son explícitos en cuanto a las funciones que cumplían con la hacienda como la Puerta de Enmedio, Puerta del Mezote, que eran literalmente las puertas de los potreros o corrales que se encontraban entre los cerros; o el Puerto de Tepozán, que era un sitio de descanso, herraje y ordeña; o la Carbonera, zona de agostadero y lugar de reunión del carbón bajado del Pinal de Zamorano.
La Zorra, Peña Colorada, la Puerta del Mezote, la Puerta de Enmedio y la Pila se formaron con cuadrillas encargadas de cuidar el ganado vacuno y caballar que se encontraba en el Cerro del Moro. Así como El Alamo (Nuevo Alamos) que se formo con una cuadrilla encargada de cuidar el ganado caprino y lanar.
Los nombres de algunas estancias o poblados indicaban, la abundancia de sus cultivos, animales u obras de infraestructura como: los Trigos, las Calabazas, los Tanquecitos, la Zorra, La Pila o Presa de Rayas. En la segunda mitad del siglo XIX, la familia Mota, había vendido o donado, grandes extensiones (Atongo, Santa María del Mexicano, el Rosario) pero conservaba El Zamorano, Amazcala, Alfafayucan y El Lobo.
AJUCHITLÁN
TOPONIMIA:
La palabra Ajuchitlán se deriva de la lengua Náhuatl que quiere decir “lugar de flores”. Fue una zona habitada por Chichimecas y con tan solo unas cuantas chozas ya poseía este nombre dado probablemente por sus moradores.
DATOS HISTÓRICOS:
En 1688 fue propiedad del Capitán Pedro de Solchoaga, siendo un latifundio formado por otras Haciendas como el Rosario, el Gallo, Santa Rosa, San Martín, Panales, Gudinos, Salitrera y el Potrero. Y otros pequeños ranchos como San Martín, los Benitos, el Carrizal.
El año de 1650 llegó a este lugar Romero de Terreros “Conde de Regla” de origen español, quien adquirió la propiedad, la cual no era agrícola ni ganadera, si no una Hacienda de beneficio de explotación minera, se explotaban las minas productoras de oro y plata, llamadas minas de Ajuchitlán y que ahora son conocidas como las minas de San Martín, el mineral extraído en bruto se procesaba en la hacienda, el oro y plata, se enviaban a la Ciudad de Monterrey.
El conde de Regla vende la Hacienda a Pedro Echeverría que continúa con la explotación de las minas, durante este tiempo entran en pugna liberales y conservadores, abundando los asaltos y el bandidaje, que como consecuencia trajo la baja en la producción. Ante tal situación, Pedro Echeverría vende la Hacienda a Pedro Gorozpe, el cual deja la actividad minera para dedicarse a la agricultura y ganadería. En esta época se construyen varios pozos que eran utilizados para regar las tierras de cultivo.
La Hacienda comenzó a prosperar y a llegar más gente como trabajadores y con otras ideas se logro que fuera reconocida por su volumen de producción de Trigo, siendo su principal cultivo. De 1907 a 1917 Pedro Gorozpe radica en la Ciudad de México, al desempeñar el cargo de Ministro del Gobierno quedando como administrador de la Hacienda Cesáreo Barrera.
Toda la producción de la Hacienda (frutas y ganado) le eran enviadas al señor Gorozpe a la ciudad de México y a su muerte, en el año 1918, se repartió de la manera siguiente: Ajuchitlán, Salitrera y el Potrero para su hija Luz; el Rosario para la Sra. Guadalupe, casada con el Sr. Luis de la Sota; la Sra. Dolores solo heredo una pequeña fracción llamada el Tecolote, pues el Sr. Gorozpe nunca acepto como yerno al Sr. Amado Guadarrama, pero su cuñada la Señorita Luz le dio todo el poder sobre su herencia, es decir, Ajuchitlán, Salitrera y el Potrero, el Gallo y Santa Rosa lo heredo don Pedro, San Martín y Gudinos Don Ignacio. En 1937 se filma la película “Adiós Nicanor”.
Los trabajadores de la Hacienda recibían un salario de doce centavos y un cuartillo de maíz diario, a los trabajadores menores de 18 años se les pagaba 6 centavos y el sueldo lo cobraba el papá.
En 1932, llega la orden del gobierno para medir y repartir las tierras de los alrededores, sin embargo Don Amado Salitrera logra que le sean devueltas todas las tierras que actualmente ocupa la Secretaria de Agricultura Ganadería y Desarrollo rural. En 1949 el coronel Valseca le compra la Hacienda en 1 millón de pesos plata, para dar cumplimiento a la orden de gobierno, es entregada la dotación por resolución presidencial al Ejido Ajuchitlán
EL BLANCO
TOPONIMIA:
Fundado en 1800 debido a la construcción de la Hacienda “El Blanco” por Don Guadalupe Guadarrama, se le llama así por la apariencia, que a la lejanía daba el cerro, cuando los peones de la Hacienda usaban su vestimenta blanca y realizaban sus labores en el cerro y este se veía de color blanco y como alusión a la bonanza de sus tierras.
DATOS HISTÓRICOS:
El Blanco fue centro de gran actividad bélica en época de la Revolución y en la época Cristera, por la cercanía con el cerro del Moro donde se establecían los campamentos de “los levantados”.
A partir de 1934 se inicia el reparto ejidal, dando lugar a la construcción de la zona urbana, la solicitud de dotación de ejido esta fechada en 1940 y la de ampliación en 1947, el numero de beneficiados originalmente fueron setenta y un personas
Un personaje ilustre es Juan Piña, recordado por su espíritu entusiasta, nació en 1908, trabajó desde temprana edad en la Hacienda, emprendió varias obras en la comunidad como la construcción del Templo, la banda local se formo por su iniciativa, proporcionando los instrumentos y el local para los ensayos, murió en 1965, víctima de la diabetes.
EL POTRERO
TOPONIMIA:
En un inicio, cuando la comunidad pertenecía al grupo de haciendas que tenían por sede principal en Ajuchitlán, se le conocía con el nombre de El Gran Rancho.
En el año 1862 se le dio el nombre definitivo en honor a las principales actividades desarrolladas en el lugar: la agricultura y la ganadería.
DATOS HISTÓRICOS:
El inicio de ésta comunidad, se remonta hacia el siglo XVI, formada en su mayoría por tribus otomíes, antecedentes plasmados en las pinturas encontradas en una serie de cuevas localizadas al poniente de la comunidad, donde se observan diversos signos representando una cruz, así como una serpiente en proceso de ascensión a través de un báculo simbolizando el paso del espíritu hacia la inmortalidad. Además de una pintura simbolizando una mano con siete dedos, los cuales reflejan las direcciones hacia donde se realizó la expansión de la cultura.
Alrededor del siglo XVIII, llega a la comunidad un arrendatario de apellido Osorio, dependiente de los hacendados de Ajuchitlán, Gudinos y El Lobo, quien detono de manera notable la explotación de los terrenos destinados para la agricultura y la ganadería.
En cuanto al origen de las primeras familias de apellido Basaldua, al parecer, proveniente de un ciudadano Español de la región Vasca, su descendencia Vicente Hernández y Victoriano Hernández, hijos de Leonila Hernández, hacia el año 1862.
SANTA MARÍA DEL MEXICANO
TOPONIMIA: El P. Florencio Rosas adquiere un terreno cerril carente de vegetación, valioso por su manantial llamado Potrero del Mexicano, poco tiempo después le cambia el nombre a Santa María del Mexicano por el fervor a la Virgen de Guadalupe y como promotor de las peregrinaciones a pie de Querétaro al Tepeyac. En palabras de Don Valentín Frías lo describe como: Un verdadero oasis en medio del desierto.
DATOS HISTÓRICOS:
En el Municipio hay un lugar admirable llamado Santa María del Mexicano, distante diez kilómetros al noreste de la cabecera Municipal. Sus grandes y hermosos edificios de piedra fueron construidos el último tercio del siglo XIX, con la dirección del Ing. Presbítero Don Zacarías Gómez, durante la administración y rectoría del señor Presbítero Don Florencio Rosas y Arce.
El territorio llamado “Potrero del Mexicano” fue cedido por Don Amado de la Mota y por su hijo Juan de Dios, para que en este construyesen la casa de retiros y de vacaciones del Seminario Diocesano y de otros colegios dirigidos por el mismo Padre Florencio Rosas.
LA CARBONERA
TOPONIMIA:
La comunidad de Carbonera se origino por la creación de una Hacienda dedicada a la agricultura y a la ganadería, construida por sus mismos trabajadores.
DATOS HISTÓRICOS:
EL ZAMORANO
TOPONIMIA:
El señor Amado de la Mota construyó varias Haciendas para repartirlas a sus familiares, pero la principal era la del Zamorano, la familia de la Mota le dio este nombre en honor al señor Victoriano Zamorano, capataz de la hacienda. El señor Zamorano prestó sus servicios a la familia de la Mota desde muy pequeño, de ahí el gran afecto.
DATOS HISTÓRICOS:
El primer poblador del Zamorano fue el Sr. Juan Estrada, quién llegó a instalarse con su familia en esta comunidad y posteriormente llegaron algunas más, como la de los señores Cruz Bustamante, Francisco Luna, Agustín Pérez, Dolores Pájaro, Felipe Villegas, Andrés Becerra y Timoteo Salinas.
El señor Juan de la Mota era revolucionario y peleaba por la causa de Tomás Mejía, que en agradecimiento a la lealtad que le tenía le regalo los terrenos que actualmente ocupa la comunidad del Zamorano, estos terrenos colindaban con Ajuchitlán, el Potrero, El Carmen, Los Trigos, Chichimequillas y Alfayucan. Ambos personajes apoyaban al Archiduque Maximiliano quienes fueron fusilados en Querétaro en el cerro de las Campanas.
El señor de la Mota construyó varias Haciendas para repartirlas a sus familiares, pero la principal era la del Zamorano, la familia de la Mota le dio este nombre en honor del señor Victoriano Zamorano, capataz de la hacienda. El señor Zamorano prestó sus servicios a la familia de la Mota desde muy pequeño, de ahí el gran afecto.
La comunidad del Zamorano recibe este nombre desde el año 1850.
PUERTO DEL COYOTE
TOPONIMIA:
Toma el nombre por la situación geográfica, ya que se encuentra en el cerro del Zamorano y es un paso entre montañas, formando un refugio natural para los primeros habitantes e incluso para el coyote, que abunda a los alrededores de esta comunidad, de aquí su nombre Puerto del Coyote.
DATOS HISTÓRICOS:
La comunidad se fundó en el año de 1850, perteneció a la Hacienda del Lobo, propiedad de Amado de la Mota; las primeras familias provenían de San José Iturbide Guanajuato, Hidalgo y Tolimanejo (hoy Colón), quienes se dedicaron a la explotación de la zona del bosque circunvecino y de las pocas zonas cultivables.
No solo el Coyote fue fundado en esa época, sino que tambien surgierón otras comunidades más lejanas, como Los Trigos y El Fuenteño. Las primeras cuatro familias fueron las de los señores Natividad Ledezma y Conrado Guevara, provenientes de San José Iturbide Guanajuato; la del señor José Tiburcio Salinas, proveniente del estado de Hidalgo y la del señor Sabino Becerra, proveniente de Tolimanejo (Colón).
Durante la Revolución Mexicana, por las condiciones de la zona, fue un lugar ideal para que el ejercito federal y revolucionario, se resguardara, siendo lugar de enfrentamientos armados, como se recuerda que en el año de 1917, se enfrentaron estos bandos en el “Arroyo de los Pilones”, quedando regados los cadaveres, las armas, oro y tesoros como hacen memoria los pobladores con mayor edad.
Esta comunidad, en el año de 1953, se organiza para solicitar la posesión legal de los terrenos. El gobierno estatal mediante la resolución del 11 de septiembre de 1953, dota de 2, 775,32 hectareas, para uso colectivo de la población. Y el 8 de diciembre de 1954, mediante resolución Presidencial, se concede a la comunidad la categoría de Ejido, formandose el primer consejo del Comisariado Ejidal del Coyote.
EJIDO PATRIA
TOPONIMIA:
Esta comunidad se origino en lo que fue la ex hacienda de “El Lobo”. Antes llamada Calabazas por la abundancia de calabacillas silvestres que se daban en la zona.
Por petición de los habitantes se solicito al Congreso local el cambio de nombre a la comunidad, dicho nombre y por decreto del 10 de Octubre de 1974 fue el de Ejido Patria.
SORIANO
TOPONIMIA
Toma este nombre por la relación que existe con un pueblo de la región de Calabria, Italia, llamado Soriano, donde se fundó un convento de la orden de los Dominicos, en el año de 1510; centro de veneración de Santo Domingo de Guzmán. Cuando el Rey Español, Carlos II, envía a los Misioneros Dominicos e la Nueva España, llegan a evangelizar la zona de la Sierra Gorda, con la construcción de misiones, que ayudaran en la pacificación de los Chichimecas Jonaces. Los Dominicos, conociendo la fama de Santo Domingo de Soriano, en Italia, obtienen el permiso para poner este nombre a una de las Misiones de la Sierra Gorda Queretana, fundada en diciembre del año 1687, por Fray Luis de Guzmán y veinticinco familias de indios Chichimecas Jonaces, en esta época se comenzo la construcción del templo de Santo Domingo teniendo por patrono a Santo Domingo de Guzmán.
LA ESPERANZA
TOPONIMIA
Desde el origen de la comunidad de La Esperanza, en tiempos previos a la Independencía de México, hasta nuestros días ha tenido este nombre. La fecha de su fundación no esta delimitada, debido a que los escritos y documentos legales que los confirman fueron destruídos en la época de la Revolución Méxicana.
DATOS HISTORICOS
Uno de los datos palpables del origen y fundación de La Esperanza, es el viejo panteón, en el cual existen lápidas donde se aprecian inscripciones que datan del año 1836. Según la tradición oral, el origen de la comunidad de La Esperanza data desde tiempos anteriores a la Independencia de México; el asentamiento de un grupo de personas denominado “Cuadrilla de la Virgen de la Esperanza” localizado a los alrededores de la mina de “El Iris” al noreste de la actual comunidad; dió pauta para el inicio de la construcción de una Casa Hogar para gente de escasos recursos y menesterosos, que se realizó bajo la protección de la Sra. Doña Josefa Vergara.
Durante el tiempo de la Independencia, por medio de un testamento firmado por Doña Josefa Vergara, se nombró albacea al Gobierno del Estado de Querétaro para manejar la construcción que albergaba la Casa hogar. Desde ese momento se canceló la finalidad de la obra y se destinó a la creación de un polo de desarrollo comunitario al que se le denomino La Esperanza.
No se sabe con certeza la fecha exacta en la que la Hacienda de La Esperanza pasó del Gobierno del Estado a manos de la iniciativa privada, sin embargo se conoce el nombre del primer propietario: Don Manuel Septién.
EL LEONCITO
TOPONIMIA
Los trabajadores de la Hacienda de el Lobo dieron el nombre a esta población debido a que en los alrededores habitaba este felino (gato montes).
DATOS HISTÓRICOS
Su fundación data del año 1897 por Don Demetrio Ledezma Elizarraga originario de El Capulin, Guanajuato. Don Demetrio llegó a este lugar donde se dedico a trabajar para los patrones de la Hacienda de el Lobo.
PEÑA BLANCA
TOPONIMIA
El nombre de esta comunidad se debe a la piedra que abunda por estos lugare y que se utiliza en las construcciones como la Capilla y las casas del lugar.
LA PEÑUELA
TOPONIMIA
Desde sus origenes ha llevado este nombre, desconociendo la fecha exacta de su fundación y del por qué sus primeros habitantes le llamarón San José de la Peñuela, por la devoción al Señor San José.
ROSALIO SOLANO
Querétaro
Adiós Brujo
Diario de Querétaro
21 de agosto de 2009
Margarita Ladrón
Querétaro, Querétaro.- Que nació en Villa Bernal el 30 de agosto de 1914, dicen algunas fuentes oficiales, pero él y su hija Laura declararon a DIARIO DE QUERETARO en agosto de 2004, que su nacimiento fue en Ajuchitlán, Colón. Al fin y al cabo, queretano. Ayer murió luego de varias semanas delicado de salud, en su casa de Cuernavaca, Morelos, de un paro cardiaco según informaron sus familiares. Sus restos fueron velados y cremados en dicha ciudad y se prevé que sean trasladados a Querétaro para ofrecer un homenaje en el cineteatro que lleva su nombre, Rosalío Solano, el próximo 30 de agosto según adelantó Manuel Cedillo, director del Instituto Municipal de Cultura.
Solano dijo en entrevista a DIARIO DE QUERETARO en 2004, que nació en Ajuchitlán, del municipio de Colón, pero que vivió su infancia en Bernal. Y es en Bernal, del municipio de Ezequiel Montes, donde se le han hecho los homenajes dignos de su trayectoria y aportaciones al cine nacional.
Solano Quintanar recibió en vida los máximos galardones que se le otorgan a un cineasta mexicano y fue en 2007 cuando la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, de la cual era miembro de número, le otorgó el Ariel de Oro.; además, recibió en 1999 la medalla Salvador Toscano.
Se incorporó casi por casualidad al cine en 1932 y teniendo como maestros a Alex Phillips y Jack Draper, aprendió el oficio de cinefotógrafo con gran maestría, luego de ser ayudante de electricista y después asistente de cámara por once años. La primera película donde aparece su crédito como director de fotografía fue en Doña Clarines, de Eduardo Ugarte, en 1951, aunque la Academia Mexicana cita Bendito seas, de Manuel Muñoz de 1948.
A partir de ahí, fue uno de los cinefotógrafos más solicitados del celuloide nacional y se mantuvo activo hasta mediados de la década de los 80, con un promedio de cuatro películas por año. Su filmografía suma más de 180 películas y seis premios Ariel. Además, dos premios Onix, dos Diosas de Plata, así como el reconocimiento de los grandes del cine nacional. Contaba Solano con gran emoción que María Félix no se dejaba fotografiar con otro que no fuera Gabriel Figueroa; pero para la película La Valentina (1965), Figueroa pidió que fuera Solano el fotógrafo; entonces la diva le dijo: sobre tu cadáver voy si no salgo bella "Cuando llegamos a ver los rollos a los estudios Churubusco, me le escondí pero ella me llamó para que me sentara a su lado; al terminar la proyección, volteó, me besó en la mejilla y me dijo: ¡eres un brujo!" según contó el queretano.
Trabajó con los más grandes directores de cine mexicano como Fernando de Fuentes, Ismael Rodríguez, Gabriel Figueroa, Rubén Galindo, Miguel M. Delgado y Julio Bracho, entre muchos otros. Abarcó todos los géneros, desde el drama con Espaldas mojadas en 1953, la biografía con Cri-cri de 1953 al lado de su amigo Ignacio López Tarso, comedia como Capulina corazón de león en 1968 y otro de sus orgulos Patroyero 777, con Mario Moreno "Cantinflas"; las de terror mexicano con Pulgarcito y Caperucita contra los monstruos, de 1960, o El Santo contra los cazadores de cabezas en 1969, hasta su última película Yo, tú, él y el otro, en 1992.
Le apodaron "el rey del color", fue el gran Ismael Rodríguez quien le describió sus cualidades: "Su versatilidad, su adaptabilidad magistral en cada tipo de película, lo mismo para blanco y negro que para color; sabe siempre crear la atmósfera necesaria, y su iluminación y emplazamientos de cámara son verdaderamente admirables".
El 31 de agosto de 2000, el municipio de Querétaro entonces presidido por Francisco Garrido y a propuesta de Alejandro Obregón, entonces director del Instituto Municipal de Cultura, honró a Solano dando su nombre al nuevo cineteatro, en el viejo cine Alameda. Y en julio de 2007, el municipio de Querétaro le otorgó la medalla Germán Patiño y en Bernal, donde dicen que nació, hay una calle con su nombre. Descanse en paz, Rosalío Solano.
CAJA DE DATOS
Premios Ariel recibidos durante más de 70 años de trayectoria
1955, Dos mundos y un amor
1957, Talpa
1958, Un mundo nuevo
1972, Los marcados
1983, La pachanga
2007 Ariel de Oro por trayectoria
Adiós Brujo
Diario de Querétaro
21 de agosto de 2009
Margarita Ladrón
Querétaro, Querétaro.- Que nació en Villa Bernal el 30 de agosto de 1914, dicen algunas fuentes oficiales, pero él y su hija Laura declararon a DIARIO DE QUERETARO en agosto de 2004, que su nacimiento fue en Ajuchitlán, Colón. Al fin y al cabo, queretano. Ayer murió luego de varias semanas delicado de salud, en su casa de Cuernavaca, Morelos, de un paro cardiaco según informaron sus familiares. Sus restos fueron velados y cremados en dicha ciudad y se prevé que sean trasladados a Querétaro para ofrecer un homenaje en el cineteatro que lleva su nombre, Rosalío Solano, el próximo 30 de agosto según adelantó Manuel Cedillo, director del Instituto Municipal de Cultura.
Solano dijo en entrevista a DIARIO DE QUERETARO en 2004, que nació en Ajuchitlán, del municipio de Colón, pero que vivió su infancia en Bernal. Y es en Bernal, del municipio de Ezequiel Montes, donde se le han hecho los homenajes dignos de su trayectoria y aportaciones al cine nacional.
Solano Quintanar recibió en vida los máximos galardones que se le otorgan a un cineasta mexicano y fue en 2007 cuando la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, de la cual era miembro de número, le otorgó el Ariel de Oro.; además, recibió en 1999 la medalla Salvador Toscano.
Se incorporó casi por casualidad al cine en 1932 y teniendo como maestros a Alex Phillips y Jack Draper, aprendió el oficio de cinefotógrafo con gran maestría, luego de ser ayudante de electricista y después asistente de cámara por once años. La primera película donde aparece su crédito como director de fotografía fue en Doña Clarines, de Eduardo Ugarte, en 1951, aunque la Academia Mexicana cita Bendito seas, de Manuel Muñoz de 1948.
A partir de ahí, fue uno de los cinefotógrafos más solicitados del celuloide nacional y se mantuvo activo hasta mediados de la década de los 80, con un promedio de cuatro películas por año. Su filmografía suma más de 180 películas y seis premios Ariel. Además, dos premios Onix, dos Diosas de Plata, así como el reconocimiento de los grandes del cine nacional. Contaba Solano con gran emoción que María Félix no se dejaba fotografiar con otro que no fuera Gabriel Figueroa; pero para la película La Valentina (1965), Figueroa pidió que fuera Solano el fotógrafo; entonces la diva le dijo: sobre tu cadáver voy si no salgo bella "Cuando llegamos a ver los rollos a los estudios Churubusco, me le escondí pero ella me llamó para que me sentara a su lado; al terminar la proyección, volteó, me besó en la mejilla y me dijo: ¡eres un brujo!" según contó el queretano.
Trabajó con los más grandes directores de cine mexicano como Fernando de Fuentes, Ismael Rodríguez, Gabriel Figueroa, Rubén Galindo, Miguel M. Delgado y Julio Bracho, entre muchos otros. Abarcó todos los géneros, desde el drama con Espaldas mojadas en 1953, la biografía con Cri-cri de 1953 al lado de su amigo Ignacio López Tarso, comedia como Capulina corazón de león en 1968 y otro de sus orgulos Patroyero 777, con Mario Moreno "Cantinflas"; las de terror mexicano con Pulgarcito y Caperucita contra los monstruos, de 1960, o El Santo contra los cazadores de cabezas en 1969, hasta su última película Yo, tú, él y el otro, en 1992.
Le apodaron "el rey del color", fue el gran Ismael Rodríguez quien le describió sus cualidades: "Su versatilidad, su adaptabilidad magistral en cada tipo de película, lo mismo para blanco y negro que para color; sabe siempre crear la atmósfera necesaria, y su iluminación y emplazamientos de cámara son verdaderamente admirables".
El 31 de agosto de 2000, el municipio de Querétaro entonces presidido por Francisco Garrido y a propuesta de Alejandro Obregón, entonces director del Instituto Municipal de Cultura, honró a Solano dando su nombre al nuevo cineteatro, en el viejo cine Alameda. Y en julio de 2007, el municipio de Querétaro le otorgó la medalla Germán Patiño y en Bernal, donde dicen que nació, hay una calle con su nombre. Descanse en paz, Rosalío Solano.
CAJA DE DATOS
Premios Ariel recibidos durante más de 70 años de trayectoria
1955, Dos mundos y un amor
1957, Talpa
1958, Un mundo nuevo
1972, Los marcados
1983, La pachanga
2007 Ariel de Oro por trayectoria
EPIDEMIAS EN QUERETARO
Las epidemias en Querétaro en el siglo XIX: la primera república federal
Diario de Querétaro
17 de mayo de 2009
Dr. Juan Ricardo Jiménez
Querétaro, Querétaro.- En Querétaro las enfermedades comunes aportaban su cuota regular de defunciones, pero las epidemias hacían verdaderos estragos en la población, sobre todo en los niños. En 1823 hubo epidemia de peste. La mortandad debió ser mucha, pues el descenso de los varones se reflejó en los cuerpos de milicia cívica que se vieron diezmados.
En 1824, en el curato de Santa Rosa, las defunciones eran por las siguientes enfermedades: hidropesía, fiebre, disentería, fiebre, alferecía, tiricia, "un dolor", etis, incordio, disipela, tisis. En el segundo trimestre de 1824 la causa predominante de muerte era la fiebre, y fallecían lo mismo niños de meses que jóvenes, adultos y ancianos. Probablemente se tratara del cólera morbus, o "la peste", pues de 69 muertos todos fueron de fiebre, menos 6 atacados de alferecía.
En 1828 los pueblos de Querétaro fueron afectados por una epidemia de viruela.
Nuevamente, a principios de 1830 se tenían noticias en el Estado de que la epidemia de viruela se había manifestado ya en la ciudad de México y en otras ciudades de la República. Las autoridades tomaron la providencia de acopiar el fluido vacuno para inocular a los niños. Los pueblos debían enviar a la capital dos niños para que se les pusiera la vacuna y fueran portadores de ella en sus cuerpos, y de este modo reproducir la operación.
En 1830 hubo otra epidemia, ahora de viruela. El Congreso autorizó al gobierno un gasto extraordinario de 2 mil pesos para socorrer a los contagiados.
En 1833 una epidemia de cólera morbo asoló la República. En Querétaro se manifestó por julio, tuvo su mayor intensidad en agosto y decayó en noviembre.
La parroquia de San Sebastián incluyó en su informe estadísticas de los decesos por la epidemia. Del total de muertos que fue 566, el 85 por ciento se debió a los estragos del cólera. Los hombres muertos sumaron el 53 por ciento y las mujeres el 47. Los párvulos sólo representaron el 20 por ciento y los adultos el 80. Esta proporción indica que el cólera afectó principalmente a los adultos, pues los difuntos menores de siete años fueron relativamente pocos.
La epidemia del cólera privó a la judicatura de uno de sus ministros, el licenciado Martín Rodríguez García, del Tribunal Supremo. Como prueba de que esta embestida no hacía distingos de jerarquías ni inteligencias, también se llevó a la tumba al portero de los tribunales. De los 77 individuos de la junta electoral de Querétaro, sólo había 42 en septiembre de 1833, pues aunque había algunos enfermos y otros ausentes, muchos habían fallecido en la epidemia que había azotado a la ciudad en el mes anterior.
Medidas contra el cólera morbo, 1833
Para contrarrestar el cólera no había elementos médico-asistenciales, pues no se conocía ningún remedio efectivo contra ella, y los enfermos morían en sus casas o en hospitales sin que nada pudiera hacerse para su cura. Entonces se acudía a las actitudes tradicionales ante el mal inevitable, como lo era implorar con fervor la intercesión de los santos para alcanzar una respuesta divina que detuviera la peste.
Pocas medidas sanitarias dictó la autoridad republicana en la era federal en Querétaro. A principios de 1833, cuando la peste aún no llegaba al territorio nacional, el prefecto de Querétaro Manuel Vallejo decía al gobernador que siendo una de las principales causas del mal la falta de limpieza, había dispuesto que se asearan las calles, y que el vecindario las barriera tres días a la semana.
El Congreso emitió su decreto número 9 del 14 de marzo por el cual renovó la prohibición contenida en la orden de las Cortes españolas del 1° de noviembre de 1813 relativa a que no se sepultaran los cadáveres en las iglesias o cementerios de ellas dentro del poblado. Ahí mismo mandó que los ayuntamientos cuidaran de que hubiera camposanto convenientemente situado fuera de la población. Pero las resistencias sociales o los problemas económicos retrasaban el cumplimiento de esta disposición.
En San Juan del Río, el ayuntamiento elevó una iniciativa al Congreso para que le autorizara gravar los licores para obtener un fondo y poder fabricar un camposanto, y de esa manera cumplir con lo decretado por la misma Legislatura. El prefecto, a la usanza colonial, dijo al gobierno que el decreto que mandaba no se enterraran los cadáveres en el cementerio se había obedecido pero no se había cumplido, porque en el pueblo no había un camposanto decente, pues el que había estaba tan malo que los perros y las corrientes del río exhumaban los restos, de lo que venía el disgusto general de los habitantes de la villa que sabían iban a ser enterrados en él.
Meses más tarde, el vicegobernador Lino Ramírez, siguiendo la experiencia de otras latitudes, prohibió la venta de bebidas embriagantes, frutas y legumbres, porque se pensaba que el consumo de estos artículos estaba asociado a la causa del cólera. Las frutas fueron calificadas de mortal veneno, y se establecieron fuertes multas a quienes vendieran toda clase de licores, incluso el pulque blanco y la bebida llamada colorado; chile verde, coles, lechugas, quelites, verdolagas, acelgas y nopales. Sin embargo se permitió que estos productos pudieran comercializarse al mayoreo para fuera del Estado.
En Tolimán, el prefecto obtuvo de los vecinos principales un donativo con el que formó un fondo de caridad para la compra de medicinas que se repartieron gratis. Otras medidas gubernativas fueron la orden de que se limpiaran las calles y las casas, la prohibición de toda venta de licores y frutas, y la petición al cura para que los muertos se enterraran en secreto sin dobles de campana. No podían faltar las rogaciones públicas, y tres procesiones solemnes, a las cuales sacaron las imágenes más milagrosas "a quienes el pueblo tiene un decidido afecto". La peste atacó con dureza a los indígenas. En la cabecera fue preciso abrir una zanja en el camposanto pues la mortandad no daba tiempo para hacer fosas individuales; además, se mandaron hacer camposantos en los pueblos circunvecinos para evitar el traslado de los cadáveres y no exponer al contagio a sus conductores.
En San Juan del Río, el ayuntamiento tuvo sesión extraordinaria para adoptar las medidas para combatir la epidemia. No había ni medicinas ni boticarios que las prepararan, por lo que solicitaron del gobierno que hiciera regresar a la villa a los oficiales de cívicos que se hallaban en servicio Procopio Moredia e Ignacio Serrano que eran boticario examinados y prácticos en curar enfermos, y que remitiera con ellos al menos una arroba de sal de ajenjos, que se tenía por remedio para la enfermedad.
Los reos de la cárcel de la capital del Estado estaban alarmados, pues temían que la epidemia se cebaría en ellos con mayor intensidad debido a las condiciones de insalubridad y hacinamiento que privaba en su reclusión. Como la cárcel estaba al cuidado del Tribunal Superior de Justicia a través de las llamadas "visitas", los reclusos se dirigieron a este órgano, apelando a la caridad, solicitando que se previeran medicinas para tratar a los enfermos, las que creían les administraría el alcaide por razones de humanidad. En forma dramática alegaban que si bien sus delitos los mantenían presos no estaban sentenciados a muerte, lo que seguramente ocurriría si no se atendía su ruego. El Tribunal, carente de todo recurso, se limitó a trasladar la petición al gobierno para que se ocupara del asunto.
Las vacunas
Contra la viruela, en Querétaro como en el resto del país, la medida sanitaria adoptada por las autoridades fue la vacuna.
En agosto 31 de 1827 el cabildo fue informado por Mariano Güemez de haber sido vacunados 106 niños de los dos sexos. En el mes de septiembre este mismo facultativo vacunó 90 niños. En octubre vacunó a 125 infantes. En noviembre fueron 81 niños los que inoculó. En septiembre de 1827, el prefecto de Querétaro, José María Paulín, informó al gobernador que en el cuatrimestre anterior habían sido vacunados 500 niños de ambos sexos en la capital del Estado. La cifra es muy corta, pero aparte de las limitaciones por la falta de "fluido vacuno" estaba la arraigada actitud de desconfianza de la población hacia la vacunación, la cual se había manifestado muy claramente dos decenios atrás cuando se introdujo la vacuna contra la viruela con la expedición del médico español Francisco Javier de Balmis, quien trajo consigo decenas de niños inoculados con virus. Con las pústulas infectadas -eficientes medios de cultivo- pudo reproducir la vacuna en la Nueva España y otras partes de los dominios hispánicos. Sin embargo, sólo una quinta parte de los que debían ser vacunados recibió la dosis. El recelo de las capas bajas urbanas y la masa rural fue un duro obstáculo para una mayor cobertura de esta campaña sanitaria.
Los médicos de Querétaro viajaban a la ciudad de México para traer la vacuna en niños inoculados.
En junio de 1829, el Congreso decidió que los gastos de conservación del fluido vacuno corrieran por cuenta de los fondos del Estado, como lo había solicitado el ayuntamiento de Querétaro. Consecuentemente autorizó al gobierno para que gastara 30 pesos mensuales en dicho objeto. Al año siguiente, para resarcirlo de los gastos hechos, la Legislatura autorizó que se pagaran 58 pesos a Mariano Güemez por haber conservado la vacuna antes de aquella fecha.
Los hospitales
La eficacia del tratamiento de cualquier enfermedad depende de los recursos destinados para medicinas, médicos y cuidados. En esta etapa histórica, quienes tenían recursos podían ser atendidos en sus casas. Para los pobres estaba reservaba una muy antigua institución de caridad, el Hospital. Querétaro contaba desde finales del siglo xvi con uno, que luego tuvo el nombre de Real Hospital de la Purísima Concepción. Con la emancipación del país, y luego la República, ese nosocomio no solamente cambiaría de nombre a nacional, sino que pasó a depender del gobierno local. De este modo el Hospital debía ser apoyado con recursos estatales, pero las escaseces del erario impedían ministrarle auxilios, y se mantenía de sus propios fondos provenientes de los capitales que habían sido impuestos en su favor por bienhechores en el pasado. El Hospital continuaba en manos de los religiosos de la Orden de la Caridad, sin que hubiera una decisión al respecto, simplemente como una inercia. Fray José María Terreros era el administrador del Hospital a finales de 1827. En 1831 atravesaba por una severa crisis. No había con qué alimentar a los pocos enfermos que existían en el establecimiento, por lo que el padre prior que administraba el Hospital se vio en la necesidad de no recibir a ningún enfermo que se le mandara de la cárcel. Intervino el Tribunal superior de segunda instancia ante el gobernador urgiendo una solución a este problema a efecto de que se volvieran a recibir enfermos en el Hospital, pues así lo exigía la necesidad de evitar un contagio en la cárcel "con riesgo eminente de la salud pública". En 1829 el gobernador del Estado, de acuerdo con el comandante militar de la plaza extinguió el Hospital de sanidad militar de Querétaro, y dispuso que los soldados enfermos pasaran al Hospital de la Concepción. Para las autoridades superiores del Ejército éste fue un procedimiento arbitrario, y se reclamó al funcionario local por conducto de la secretaría de Relaciones señalándole que sólo el gobierno general podía extinguir o aumentar esos establecimientos por pertenecer exclusivamente a la Federación.
No fue sino hasta 1832 que el Congreso prestó atención al Hospital, y ratificó el estado de cosas que existía. Legalmente quedó bajo el cuidado de los padres hospitalarios "mientras esa orden religiosa existiera", e instó al gobierno para que reclamara de la Santa Iglesia Metropolitana la parte proporcional que le correspondía al Hospital del cuarto noveno de la masa de diezmos que se recaudaba en la circunscripción.
Pese a la insuficiencia del Hospital para dar atención a una creciente demanda de enfermos, a las penurias y penalidades que pasaban los administradores y los pacientes, no hubo una acción gubernamental eficiente para resolver esta situación, no solamente en el periodo de la República federal, sino casi en todo el siglo xix.
Conclusión
La atención de la salud ha figurado como una función pública a lo largo de la historia. Las condiciones socioeconómicas de la población han sido factor decisivo en la intensidad de los brotes cíclicos de epidemias. En Querétaro, durante el primer decenio de vida republicana, se padecieron varias epidemias. Para algunas, como la de viruela, se dispuso de una vacuna con cierto éxito, pero para otras como la del cólera prácticamente no había remedio. La carencia de recursos públicos destinados para la salud es la nota característica de esta etapa, situación que se complicaba con la ignorancia del común de los habitantes y las inercias e ineptitud de los gobernantes para atender tan extraordinarios procesos.
Diario de Querétaro
17 de mayo de 2009
Dr. Juan Ricardo Jiménez
Querétaro, Querétaro.- En Querétaro las enfermedades comunes aportaban su cuota regular de defunciones, pero las epidemias hacían verdaderos estragos en la población, sobre todo en los niños. En 1823 hubo epidemia de peste. La mortandad debió ser mucha, pues el descenso de los varones se reflejó en los cuerpos de milicia cívica que se vieron diezmados.
En 1824, en el curato de Santa Rosa, las defunciones eran por las siguientes enfermedades: hidropesía, fiebre, disentería, fiebre, alferecía, tiricia, "un dolor", etis, incordio, disipela, tisis. En el segundo trimestre de 1824 la causa predominante de muerte era la fiebre, y fallecían lo mismo niños de meses que jóvenes, adultos y ancianos. Probablemente se tratara del cólera morbus, o "la peste", pues de 69 muertos todos fueron de fiebre, menos 6 atacados de alferecía.
En 1828 los pueblos de Querétaro fueron afectados por una epidemia de viruela.
Nuevamente, a principios de 1830 se tenían noticias en el Estado de que la epidemia de viruela se había manifestado ya en la ciudad de México y en otras ciudades de la República. Las autoridades tomaron la providencia de acopiar el fluido vacuno para inocular a los niños. Los pueblos debían enviar a la capital dos niños para que se les pusiera la vacuna y fueran portadores de ella en sus cuerpos, y de este modo reproducir la operación.
En 1830 hubo otra epidemia, ahora de viruela. El Congreso autorizó al gobierno un gasto extraordinario de 2 mil pesos para socorrer a los contagiados.
En 1833 una epidemia de cólera morbo asoló la República. En Querétaro se manifestó por julio, tuvo su mayor intensidad en agosto y decayó en noviembre.
La parroquia de San Sebastián incluyó en su informe estadísticas de los decesos por la epidemia. Del total de muertos que fue 566, el 85 por ciento se debió a los estragos del cólera. Los hombres muertos sumaron el 53 por ciento y las mujeres el 47. Los párvulos sólo representaron el 20 por ciento y los adultos el 80. Esta proporción indica que el cólera afectó principalmente a los adultos, pues los difuntos menores de siete años fueron relativamente pocos.
La epidemia del cólera privó a la judicatura de uno de sus ministros, el licenciado Martín Rodríguez García, del Tribunal Supremo. Como prueba de que esta embestida no hacía distingos de jerarquías ni inteligencias, también se llevó a la tumba al portero de los tribunales. De los 77 individuos de la junta electoral de Querétaro, sólo había 42 en septiembre de 1833, pues aunque había algunos enfermos y otros ausentes, muchos habían fallecido en la epidemia que había azotado a la ciudad en el mes anterior.
Medidas contra el cólera morbo, 1833
Para contrarrestar el cólera no había elementos médico-asistenciales, pues no se conocía ningún remedio efectivo contra ella, y los enfermos morían en sus casas o en hospitales sin que nada pudiera hacerse para su cura. Entonces se acudía a las actitudes tradicionales ante el mal inevitable, como lo era implorar con fervor la intercesión de los santos para alcanzar una respuesta divina que detuviera la peste.
Pocas medidas sanitarias dictó la autoridad republicana en la era federal en Querétaro. A principios de 1833, cuando la peste aún no llegaba al territorio nacional, el prefecto de Querétaro Manuel Vallejo decía al gobernador que siendo una de las principales causas del mal la falta de limpieza, había dispuesto que se asearan las calles, y que el vecindario las barriera tres días a la semana.
El Congreso emitió su decreto número 9 del 14 de marzo por el cual renovó la prohibición contenida en la orden de las Cortes españolas del 1° de noviembre de 1813 relativa a que no se sepultaran los cadáveres en las iglesias o cementerios de ellas dentro del poblado. Ahí mismo mandó que los ayuntamientos cuidaran de que hubiera camposanto convenientemente situado fuera de la población. Pero las resistencias sociales o los problemas económicos retrasaban el cumplimiento de esta disposición.
En San Juan del Río, el ayuntamiento elevó una iniciativa al Congreso para que le autorizara gravar los licores para obtener un fondo y poder fabricar un camposanto, y de esa manera cumplir con lo decretado por la misma Legislatura. El prefecto, a la usanza colonial, dijo al gobierno que el decreto que mandaba no se enterraran los cadáveres en el cementerio se había obedecido pero no se había cumplido, porque en el pueblo no había un camposanto decente, pues el que había estaba tan malo que los perros y las corrientes del río exhumaban los restos, de lo que venía el disgusto general de los habitantes de la villa que sabían iban a ser enterrados en él.
Meses más tarde, el vicegobernador Lino Ramírez, siguiendo la experiencia de otras latitudes, prohibió la venta de bebidas embriagantes, frutas y legumbres, porque se pensaba que el consumo de estos artículos estaba asociado a la causa del cólera. Las frutas fueron calificadas de mortal veneno, y se establecieron fuertes multas a quienes vendieran toda clase de licores, incluso el pulque blanco y la bebida llamada colorado; chile verde, coles, lechugas, quelites, verdolagas, acelgas y nopales. Sin embargo se permitió que estos productos pudieran comercializarse al mayoreo para fuera del Estado.
En Tolimán, el prefecto obtuvo de los vecinos principales un donativo con el que formó un fondo de caridad para la compra de medicinas que se repartieron gratis. Otras medidas gubernativas fueron la orden de que se limpiaran las calles y las casas, la prohibición de toda venta de licores y frutas, y la petición al cura para que los muertos se enterraran en secreto sin dobles de campana. No podían faltar las rogaciones públicas, y tres procesiones solemnes, a las cuales sacaron las imágenes más milagrosas "a quienes el pueblo tiene un decidido afecto". La peste atacó con dureza a los indígenas. En la cabecera fue preciso abrir una zanja en el camposanto pues la mortandad no daba tiempo para hacer fosas individuales; además, se mandaron hacer camposantos en los pueblos circunvecinos para evitar el traslado de los cadáveres y no exponer al contagio a sus conductores.
En San Juan del Río, el ayuntamiento tuvo sesión extraordinaria para adoptar las medidas para combatir la epidemia. No había ni medicinas ni boticarios que las prepararan, por lo que solicitaron del gobierno que hiciera regresar a la villa a los oficiales de cívicos que se hallaban en servicio Procopio Moredia e Ignacio Serrano que eran boticario examinados y prácticos en curar enfermos, y que remitiera con ellos al menos una arroba de sal de ajenjos, que se tenía por remedio para la enfermedad.
Los reos de la cárcel de la capital del Estado estaban alarmados, pues temían que la epidemia se cebaría en ellos con mayor intensidad debido a las condiciones de insalubridad y hacinamiento que privaba en su reclusión. Como la cárcel estaba al cuidado del Tribunal Superior de Justicia a través de las llamadas "visitas", los reclusos se dirigieron a este órgano, apelando a la caridad, solicitando que se previeran medicinas para tratar a los enfermos, las que creían les administraría el alcaide por razones de humanidad. En forma dramática alegaban que si bien sus delitos los mantenían presos no estaban sentenciados a muerte, lo que seguramente ocurriría si no se atendía su ruego. El Tribunal, carente de todo recurso, se limitó a trasladar la petición al gobierno para que se ocupara del asunto.
Las vacunas
Contra la viruela, en Querétaro como en el resto del país, la medida sanitaria adoptada por las autoridades fue la vacuna.
En agosto 31 de 1827 el cabildo fue informado por Mariano Güemez de haber sido vacunados 106 niños de los dos sexos. En el mes de septiembre este mismo facultativo vacunó 90 niños. En octubre vacunó a 125 infantes. En noviembre fueron 81 niños los que inoculó. En septiembre de 1827, el prefecto de Querétaro, José María Paulín, informó al gobernador que en el cuatrimestre anterior habían sido vacunados 500 niños de ambos sexos en la capital del Estado. La cifra es muy corta, pero aparte de las limitaciones por la falta de "fluido vacuno" estaba la arraigada actitud de desconfianza de la población hacia la vacunación, la cual se había manifestado muy claramente dos decenios atrás cuando se introdujo la vacuna contra la viruela con la expedición del médico español Francisco Javier de Balmis, quien trajo consigo decenas de niños inoculados con virus. Con las pústulas infectadas -eficientes medios de cultivo- pudo reproducir la vacuna en la Nueva España y otras partes de los dominios hispánicos. Sin embargo, sólo una quinta parte de los que debían ser vacunados recibió la dosis. El recelo de las capas bajas urbanas y la masa rural fue un duro obstáculo para una mayor cobertura de esta campaña sanitaria.
Los médicos de Querétaro viajaban a la ciudad de México para traer la vacuna en niños inoculados.
En junio de 1829, el Congreso decidió que los gastos de conservación del fluido vacuno corrieran por cuenta de los fondos del Estado, como lo había solicitado el ayuntamiento de Querétaro. Consecuentemente autorizó al gobierno para que gastara 30 pesos mensuales en dicho objeto. Al año siguiente, para resarcirlo de los gastos hechos, la Legislatura autorizó que se pagaran 58 pesos a Mariano Güemez por haber conservado la vacuna antes de aquella fecha.
Los hospitales
La eficacia del tratamiento de cualquier enfermedad depende de los recursos destinados para medicinas, médicos y cuidados. En esta etapa histórica, quienes tenían recursos podían ser atendidos en sus casas. Para los pobres estaba reservaba una muy antigua institución de caridad, el Hospital. Querétaro contaba desde finales del siglo xvi con uno, que luego tuvo el nombre de Real Hospital de la Purísima Concepción. Con la emancipación del país, y luego la República, ese nosocomio no solamente cambiaría de nombre a nacional, sino que pasó a depender del gobierno local. De este modo el Hospital debía ser apoyado con recursos estatales, pero las escaseces del erario impedían ministrarle auxilios, y se mantenía de sus propios fondos provenientes de los capitales que habían sido impuestos en su favor por bienhechores en el pasado. El Hospital continuaba en manos de los religiosos de la Orden de la Caridad, sin que hubiera una decisión al respecto, simplemente como una inercia. Fray José María Terreros era el administrador del Hospital a finales de 1827. En 1831 atravesaba por una severa crisis. No había con qué alimentar a los pocos enfermos que existían en el establecimiento, por lo que el padre prior que administraba el Hospital se vio en la necesidad de no recibir a ningún enfermo que se le mandara de la cárcel. Intervino el Tribunal superior de segunda instancia ante el gobernador urgiendo una solución a este problema a efecto de que se volvieran a recibir enfermos en el Hospital, pues así lo exigía la necesidad de evitar un contagio en la cárcel "con riesgo eminente de la salud pública". En 1829 el gobernador del Estado, de acuerdo con el comandante militar de la plaza extinguió el Hospital de sanidad militar de Querétaro, y dispuso que los soldados enfermos pasaran al Hospital de la Concepción. Para las autoridades superiores del Ejército éste fue un procedimiento arbitrario, y se reclamó al funcionario local por conducto de la secretaría de Relaciones señalándole que sólo el gobierno general podía extinguir o aumentar esos establecimientos por pertenecer exclusivamente a la Federación.
No fue sino hasta 1832 que el Congreso prestó atención al Hospital, y ratificó el estado de cosas que existía. Legalmente quedó bajo el cuidado de los padres hospitalarios "mientras esa orden religiosa existiera", e instó al gobierno para que reclamara de la Santa Iglesia Metropolitana la parte proporcional que le correspondía al Hospital del cuarto noveno de la masa de diezmos que se recaudaba en la circunscripción.
Pese a la insuficiencia del Hospital para dar atención a una creciente demanda de enfermos, a las penurias y penalidades que pasaban los administradores y los pacientes, no hubo una acción gubernamental eficiente para resolver esta situación, no solamente en el periodo de la República federal, sino casi en todo el siglo xix.
Conclusión
La atención de la salud ha figurado como una función pública a lo largo de la historia. Las condiciones socioeconómicas de la población han sido factor decisivo en la intensidad de los brotes cíclicos de epidemias. En Querétaro, durante el primer decenio de vida republicana, se padecieron varias epidemias. Para algunas, como la de viruela, se dispuso de una vacuna con cierto éxito, pero para otras como la del cólera prácticamente no había remedio. La carencia de recursos públicos destinados para la salud es la nota característica de esta etapa, situación que se complicaba con la ignorancia del común de los habitantes y las inercias e ineptitud de los gobernantes para atender tan extraordinarios procesos.
PROPUESTAS AGRARIAS EN COLÓN
LA PROPUESTA AGRARIA DE VENUSTIANO CARRANZA Y LOS SONORENSES (1915-1929)*
Author: Martha García Ugarte
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*Trabajo presentado en la Conferencia Anual (N0.37) de la Western Social Science Association, Land Grand Section, celebrada en Oakland (CA), Estados Unidos,del 26 al 29 de abril de 1995.
El estudio de la legislación agraria emitida durante los gobiernos de Venustiano Carranza y los sonorenses Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles (1917-1929) muestra que el proyecto de fraccionar las haciendas, o de modificar la estructura de la tenencia de la tierra en México, estuvo sujeto a modificaciones radicales según las presiones sociales (políticas, económicas y militares) propias del momento histórico que se tratare. En cambio, el proyecto de modernización de la producción agrícola elaborado en la última etapa del porfiriato (1904) prácticamente se mantuvo estable hasta la época del general Calles y Cárdenas.
Es de destacar que tanto el Porfirio Díaz de 1904, como Obregón, Calles y Cárdenas, concentraron su atención en fortalecer la agricultura capitalista de exportación. Es decir, aquella que, por la situación económica de los propietarios y la calidad del suelo, podía introducir innovaciones tecnológicas que permitieran incrementar la productividad. Por otra parte, la mayoría de los sectores sociales involucrados en la definición de la política agrícola gubernamental coincidían en las estrategias y objetivos necesarios para impulsar el desarrollo económico del sector agropecuario.
Las diferencias notables se registraron en torno al principio, sostenido por algunos, de que era imposible impulsar el desarrollo de la agricultura si antes no se efectuaba una transformación radical de la tenencia de la tierra: la hacienda era, se aseguraba, improductiva. Así, antes de que se iniciara el movimiento político de Francisco I. Madero en 1910, la Secretaría de Fomento porfirista empezó a reconocer la necesidad de crear la pequeña propiedad o propiedad de familias. Se debatía entonces la forma de llevar a cabo esa transformación puesto que se esperaban resistencias, explicables, de los grandes propietarios. Las opiniones se dividieron una vez más en torno a la forma de lograr ese fraccionamiento: violenta o moderada.
En ese punto de la discusión, se desencadenaron los hechos revolucionarios que llevaron a Francisco I. Madero a la presidencia de la República. Acontecimientos que pusieron, aún cuando Madero se encontraba distante de un proyecto agrario radical, las demandas de los viejos pueblos indios, que encabezaba Emiliano Zapata, de lograr la restitución de las tierras de sus mayores que habían sido usurpadas por las haciendas. Demanda que se tradujo, en oposición a Madero, en el Plan de Ayala de 1912.
Entonces, se retomó el debate agrario que había quedado suspendido en el tiempo. Manuel Bonilla, quien accedió a la dirección de la Secretaría de Fomento en el último trimestre de 1912, asumió la propuesta porfirista de "avanzada": impulsar la pequeña propiedad a través del sistema de "producción familiar" y fomentar un fraccionamiento natural del latifundio mediante políticas arancelarias y productivas que condujeran a la baja el valor de la propiedad raíz. Pero este programa se quedó en suspenso porque, como comenta Fernando González Roa, "se escucharon los primeros cañonazos de la ciudadela". "Es decir, la revuelta encabezada por Victoriano Huerta, conocida como decena trágica, que culminó con los asesinatos de Madero y Pino Suárez.
El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, emitió el Plan de Guadalupe, el 6 de marzo de 1913, que desconocía al presidente usurpadory a cualquier otro que proviniera del cuartelazo de febrero, y también a los gobiernos estatales que hubieran aceptado su dominio: la Revolución, en su etapa constitucionalista, se había iniciado. En su proceso, el proyecto agrario porfirista entroncaría con el proyecto de restitución de tierras de Emiliano Zapata, y también con la Ley del 6 de enero de 1915 de Venustiano Carranza y la emitida por Francisco Villa.
Antes de entrar en materia, cabe señalar que los proyectos agrarios revolucionarios, y después las legislaciones de los sonorenses y la cardenista, de cobertura nacional, tuvieron un efecto diferente en las entidades federativas. Efectos que, por otra parte, permiten sopesar más objetivamente las pretensiones y propósitos del proyecto agrario mexicano. En esa razón, este trabajo sigue la forma como la legislación agraria se fue entretejiendo con las vicisitudes políticas nacionales y la estructura socio-económica del estado de Querétaro.
Las propuestas agrarias revolucionarias
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En Querétaro no se tenía ninguna intención de fraccionar las haciendas. Esta afirmación es válida aún cuando el hacendado Julián Malo Juvera, quien se había sumado a las filas constitucionalistas en 1914 y al villismo en 1915, había publicado en enero de 1915 un "Proyecto de ley para el fraccionamiento de terrenos". En honor de Malo Juvera, ése fue el único documento agrario queretano antes de 1923 que postulaba el fraccionamiento de la hacienda. Malo Juvera, entonces villista, proponía una expropiación en base al valor que el propietario otorgara a sus terrenos y una "venta" de los lotes a todos los mexicanos "honrados y laboriosos". En su propuesta el fraccionamiento de las haciendas seria un negocio particular, ya fuera que estuviera en manos de los dueños de los terrenos o de compañías formadas ex-profeso para el fraccionamiento.
El proyecto de Malo Juvera, de claras reminiscencias porfiristas, no ejerció influencia alguna en la entidad. Tampoco tuvo impacto la Ley de dotaciones y restituciones del 6 de enero de 1915 emitida por Venustiano Carranza ni circuló, por el control político-social que ejercían los hacen dados, el Plan de Ayala de Emiliano Zapata. Ciertamente, en Querétaro no había un ambiente favorable a la reforma agraria ni se distribuía información al respecto, puesto que nadie estaba interesado en despertar la "avaricia" de los pueblos indios y los pueblos libres de la entidad que, desde el al menos siglo XIX reiteradamente habían reclamado la devolución de. los terrenos que habían sido usurpados por las haciendas. También es cierto que la Comisión Local Agraria, órgano que había sido establecido por la Ley del 6 de enero de 1915 para encargarse de atender las solicitudes de restitución y dotación, sólo había funciona do algunos días debido a la inestabilidad política y militar de ese año Así, ningún pueblo de Querétaro se acogió a los beneficios de la ley.
No obstante, una vez reinstalada la Comisión Local Agraria en 1916, una vez que los carrancistas ocuparon la plaza de Querétaro que había sido tomada por los villistas, de inmediato tres pueblos se acogieron a la ley del 6 de enero de 1915: Santa Rosa de Jáuregui, pueblo libre de la entidad, y los pueblos Hñahñú, Santiago Mezquititlán del distrito de Amealco, y el barrio de La Magdalena de la municipalidad de Tequisquiapan del distrito de San Juan del Río.
Pero entonces, se había decidido no poner trabas al desarrollo agrícola de los, hacendados de Querétaro, estado que se había convertido en uno de los graneros. del gobierno que encabezaba Venustiano Carranza. En ese propósito, y con el deseo de evitar que otros pueblos solicitaran demandas de restitución, los. tres poblados enfrentaron el mismo dictamen , : según el perito evaluador, los documentos presentados para hacer valer los derechos de propiedad de, los pueblos eran "apócrifos pues ni por su aspecto, ni por el papel, en que están escritos, letra de ellos y la fecha en que aparecen, otorgados merecen ningún crédito respecto a su autenticidad".
En el bienio 1916-1917, tanto las autoridades militares (carrancistas) como los hacendados, de Querétaro temían que se despertara el viejo anhelo indígena de recuperar las tierras usurpadas por las haciendas, tanto desde tiempos "inmemoriales" como durante la década 1870-1880 cuando los hacendados habían extendido los límites territoriales de sus propiedades a fin de acaparar el recurso agua. De ahí que los miembros de la Junta Local Agraria, coaligados con el grupo de los hacendados, aceptaran que los títulos de propiedad presentados en 1916 eran falsos.
Sorpresivamente, los habitantes de la cabecera distrital villa de Colón pidieron dotación de tierras en ese mismo año. En ese entonces, 1916, la villa de Colón tenía 624 jefes de familia que podían ser dotados. Algunos de ellos eran propietarios de "lotes" dedicados a la agricultura y otros se dedicaban la compra-venta de ganado. Es decir, se trataba de una comunidad de rancheros, próspera corno otras de la entidad, que mantenía vínculos con las haciendas comarcanas. Los dueños de las haciendas que podían ser afectadas, Pedro Gorozpe, el propietario de la hacienda de Ajuchitlán y sus anexas, El Rosario y Panales, y el del rancho Santa María de Guadalupe o El Mexicano, alegaron en su defensa que los habitantes de Colón no podían solicitar dotación de tierras porque no tenía la categoría política que había determinado la Ley del 6 de enero de 1915, es decir, no se trataba de una población de escasos recursos. Además, las susodichas fincas ya habían sido fraccionadas.
Es claro que se quiso impedir que la solicitud de los rancheros de la villa de Colón prosperara, puesto que bajo su ejemplo se corría el riesgo de que todos aquellos individuos que habían sido dotados de tierras por las leyes liberales de mediados del siglo XIX también hicieran solicitudes de dotación para ampliar sus ranchos. Y era muy difícil rechazar esas solicitudes porque los dotados por las leyes liberales se habían asentado en poblaciones nuevas, "libres" Es decir, sus viviendas no se localizaban en terrenos que eran propiedad de las haciendas como pasaba con muchas rancherías o lugar de asiento de los peones y medieros de las fincas rústicas. Por esa independencia, y según la Ley del 6 de enero de 1915, podían ser dotados. En tal situación estaban los pobladores de El Sitio, Corral Blanco (años más tarde denominada Ezequiel Montes), Arroyo Seco (en 1904 denominada Pedro Escobedo) y Concá, situado a la vera de la hacienda San Nicolás Concá.
La fuerza económica que disfrutaban estas sociedades de rancheros y los vínculos que sostenían con las haciendas, puesto que fungían como medieros, administradores, mayordomos "mandones" y hasta de peones de las fincas rústicas podía empujarlos, si observaban qué había una vía institucional para lograrlo, a demandar las tierras de las haciendas que trabajaban como medieros o arrendadores, que generalmente, colindaban con sus fajas y labores de tierra. Era previsible además que si los rancheros ampliaban los límites de sus propiedades, las haciendas perderían no sólo parte de sus terrenos sino también una fuerza de trabajo, la más importante, puesto que los propietarios asumirían los puestos administrativos.
No obstante, los rancheros tardaron en organizar sus peticiones de tierras porque no conformaban un grupo unificado. Además, la Junta Local Agraria de 1916 se desintegró ese mismo año porque todos los miembros que la constituían --elementos de la clase media urbana- renunciaron el 21 de junio de 1916. En apariencia, esa renuncia masiva se debió a que nadie quería ser parte de un organismo que entraba en contradicción abierta con el poderoso grupo de los hacendados. Así, de 1911 a 1917 en el estado de Querétaro nada se había hecho en materia agraria.
Aún después de emitida la Constitución de 1917, la del país y la local, las solicitudes de tierras seguían siendo de restitución (once en sólo cuatro meses) y solamente se presentó una de dotación. Todas ellas rechazadas en 1919, con excepción de la petición de Santa Rosa de Jáuregui, porque Pastor Rouaix, secretario de Agricultura y Fomento, había asentado, en una circular del 21 de marzo de 1918, que no obstante que era "urgente" proveer de tierras para sembrar a los labradores pobres, ese reparto no era posible "por ahora", hasta que no se contara con la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. Sólo se podían otorgar tierras de acuerdo a la Ley del 27 de noviembre de 1896 y su respectivo reglamento del 6 de septiembre de 1897, que ordenaba el reparto individual de las tierras comunales y reconocía como labradores pobres aquellos cuyas propiedades valieran $200.00. La misma que había sido duramente criticada por Andrés Molina Enríquez en su conocida obra Los grandes problemas nacionales, porque era prácticamente imposible "medir" terrenos tan pequeños. Con esta disposición, el carrancismo iba en contra de las disposiciones de la Ley del 6 de enero de 1915 que había autorizado a las autoridades militares de cada lugar a efectuar "las expropiaciones que fueran indispensables" para dar tierras a los que carecían de ellas.
De manera independiente a las restricciones que existían en 1919, la petición del pueblo de Colón fue retomada. Entonces, se decidió dotar a solicitantes con 877 has. con terreno cerril y de mala calidad, que se tomaría de la hacienda El Lobo y sus anexas, que tenían una extensión de 36 170 has. y de Ajuchitlán, que medía 20,000 has. De tal manera que las 556 has. que se quitarían al Lobo y las 312 que se tomarían de Ajuchitlán eran inferiores a las extensiones de los pejugales que entregaban los hacendados a los medieros como parte del salario que devengaban.
Mientras el pueblo de Colón recibía esa dotación irrisoria, la solicitud del Pueblito, antiguo pueblo novohispano, fue rechazada porque los solicitantes eran, decían los hacendados, propietarios prósperos que sólo estaban interesados en apropiarse de las tierras irrigadas que colindaban con sus terrenos. Además, la mayoría de las haciendas que podían ser afectadas (las de Tejeda, El Cerrito, La Negreta y Balvanera) se encontraban fuertemente endeudadas por créditos que habían invertido en infraestructura de riego. Así, para proteger la agricultura de esta microregión, fue rechazada esta solicitud. Además, en una interpretación de la ley del 6 de enero de 1915 y del artículo 27 constitucional que perduró hasta 1940, los integrantes de la Comisión Local Agraria asentaron que el propósito de las leyes agrarias no era "convertir en propietarios de tierra a todos los habitantes de los pequeños poblados de la República, máxime, cuando tales habitantes como en el presente (villa del Pueblito) constituyen un factor imprescindible de la producción en grande escala cuyo fundamento es tan necesario". Principio que enarbolaban los hacendados, y que incluso en la cúspide del reparto agrario 1934-1937 tuvo que considerar el presidente Lázaro Cárdenas.
La razón por la que en 1919 se negó la restitución de tierras solicitadas por los pueblos otomí de Amealco expresa que se tenía claro, como en la última etapa del porfiriato, que la restitución de las tierras no resolvía el "problema angustioso de los pueblos". Para que la política agraria fuera efectiva era preciso que de manera simultánea se iniciaran las obras de riego, puesto que los vecinos de los pueblos indios "se conformaban" con el mísero salario que fluctuaba entre 12 y 25 centavos, para el cuartillo de maíz, porque sus tierras no producían lo suficiente para sostenerlos dado que eran de temporal y de mala calidad. También se sostuvo, en una contradicción con el planteamiento anterior, que todavía había suficiente tierra comunal para repartir a nivel individual. Se continuaba así la política agraria porfirista (reglamento de 1878) que había ordenado la titulación individual de los terrenos comunales. Bajo esas resoluciones, los habitantes de los pueblos de Colón, Boyé, y San Pablo, desistieron de sus solicitudes.
La única dotación de tierras que se concedió en 1919, además de la restitución otorgada a Santa Rosa de Jáuregui, tuvo un origen político. Se trató de los habitantes del, antiguo Arroyo Seco, el actual Pedro Escobedo, pequeños comerciantes que para mejorar sus ingresos habían solicitado las tierras de las haciendas comarcanas (El Ahorcado, San Clemente, El Sauz, La Lira y el rancho Arroyo Seco).
En este caso, los hacendados intervinieron directamente asegurando a los habitantes de Pedro Escobedo que de seguir con sus pretensiones agrarias, les quitarían el acceso a las aguas del Río San Juan que controlaban las mencionadas haciendas y nunca más volverían a ser ocupados (contratados) por las haciendas.
Tal manifestación ponía en evidencia que el control del estado seguía estando en manos de los hacendados y no del poder político revolucionario. Incluso para los carrancistas, lejanos de los postulados agrarios, era inaceptable que un grupo de particulares se pusiera por encima de la jurisdicción gubernamental, como se desprendía de las declaraciones de los hacendados sanjuanenses. De ahí que se decretó que era procedente la dotación del pueblo de Pedro Escobedo porque "era un grupo explotado por las haciendas". En realidad no era así pero, ¿qué otra justificación podían escoger?
Es claro que los esfuerzos históricos de los pueblos indios y los rancheros en nada coincidían con las pretensiones locales y federales del carrancismo. Hasta 1920, las dos resoluciones favorables concedidas en el estado de Querétaro pueden considerarse simbólicas y representativas de una intención revolucionaria poco interesada en expresarse en cambios concretos en la tenencia de la tierra. Pese al artículo 27 constitucional, el gobierno federal, el de don Venustiano Carranza, carecía de un proyecto agrario.
La falta de visión de los carrancistas, o su ceguera para medir la importancia que tenía para la estabilidad política y el desarrollo del país el fraccionamiento de los latifundios, la fundación de instituciones de crédito, la infraestructura para la producción (obras de ingeniería hidráulica, caminos) y el fortalecimiento de la educación de los productores rurales no es sorprendente. En todo caso, era una consecuencia de la situación del país, que demandaba todos los esfuerzos para lograr su pacificación. También reflejaba las diferencias que existían en torno a las formas, radical o violenta, de realizar el fraccionamiento de las haciendas y sobre el sistema de tenencia que se deseaba instrumentar: la pequeña propiedad en coexistencia pacífica con la gran propiedad, como era el proyecto porfirista de 1902, o la restitución y dotación de las tierras comunales a los pueblos como pretendía el Plan de Ayala de Emiliano Zapata que, aunque Luis Cabrera dice que no se conoció hasta el triunfo de la Revolución sobre el huertismo (en 1914), influyó para que se enfatizara la necesidad de convertir a los peones en colonos libres que cultivaran su propio campo con sus familias. También circulaba la Ley agraria de Villa que fundamentaba el fraccionamiento de los latifundios no en razón de la pequeña propiedad sino en cuanto superficie máxima de terreno que podía disponer un sólo dueño. Cantidad quesería delimitada en función del riego, la densidad de la población, la calidad de las tierras "y todos los demás elementos que sirvan para determinar el límite más allá del cual la propiedad llegara a constituir una amenaza para la estabilidad de las instituciones y para el equilibrio social". Los villistas aspiraban, como registrara Antonio Díaz Soto y Gama en 1959, "a la posesión de una unidad agrícola que mereciera el nombre de rancho y, no a la parcela paupérrima del ejido".
Tales programas y propósitos estaban firmemente asentados en el México de la Revolución. En ese sentido, la inmovilidad de los carrancistas en materia agraria también se debía a que la política agraria se había dejado en manos de Pastor Rouaix quien, desde el triunfo maderista, había hecho suyo el proyecto porfirista más conservador. Por su parte, Manuel Bonilla, quien había sido Secretario de Fomento en el último trimestre de 1912, elaboró el proyecto de Ley Agraria del estado de Chihuahua, apegado a los principios porfiristas. Tanto es así, que Marte R. Gómez, quien elogiaba los méritos revolucionarios de Bonilla y su lealtad al maderismo, reconocía que el agrarismo de don Manuel "era comedido" porque consideraba que expropiar era "incurrir en actos de violencia".
Bajo una u otra concepción, en 1920 todas las fuerzas revolucionarias y políticas del país reconocían que el problema agrario ameritaba una resolución rápida y expedita. Sin embargo, frente a la necesidad de estabilizar el país, el carrancismo parecía desconocer la "urgencia" de resolver la problemática del agro.
Author: Martha García Ugarte
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*Trabajo presentado en la Conferencia Anual (N0.37) de la Western Social Science Association, Land Grand Section, celebrada en Oakland (CA), Estados Unidos,del 26 al 29 de abril de 1995.
El estudio de la legislación agraria emitida durante los gobiernos de Venustiano Carranza y los sonorenses Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles (1917-1929) muestra que el proyecto de fraccionar las haciendas, o de modificar la estructura de la tenencia de la tierra en México, estuvo sujeto a modificaciones radicales según las presiones sociales (políticas, económicas y militares) propias del momento histórico que se tratare. En cambio, el proyecto de modernización de la producción agrícola elaborado en la última etapa del porfiriato (1904) prácticamente se mantuvo estable hasta la época del general Calles y Cárdenas.
Es de destacar que tanto el Porfirio Díaz de 1904, como Obregón, Calles y Cárdenas, concentraron su atención en fortalecer la agricultura capitalista de exportación. Es decir, aquella que, por la situación económica de los propietarios y la calidad del suelo, podía introducir innovaciones tecnológicas que permitieran incrementar la productividad. Por otra parte, la mayoría de los sectores sociales involucrados en la definición de la política agrícola gubernamental coincidían en las estrategias y objetivos necesarios para impulsar el desarrollo económico del sector agropecuario.
Las diferencias notables se registraron en torno al principio, sostenido por algunos, de que era imposible impulsar el desarrollo de la agricultura si antes no se efectuaba una transformación radical de la tenencia de la tierra: la hacienda era, se aseguraba, improductiva. Así, antes de que se iniciara el movimiento político de Francisco I. Madero en 1910, la Secretaría de Fomento porfirista empezó a reconocer la necesidad de crear la pequeña propiedad o propiedad de familias. Se debatía entonces la forma de llevar a cabo esa transformación puesto que se esperaban resistencias, explicables, de los grandes propietarios. Las opiniones se dividieron una vez más en torno a la forma de lograr ese fraccionamiento: violenta o moderada.
En ese punto de la discusión, se desencadenaron los hechos revolucionarios que llevaron a Francisco I. Madero a la presidencia de la República. Acontecimientos que pusieron, aún cuando Madero se encontraba distante de un proyecto agrario radical, las demandas de los viejos pueblos indios, que encabezaba Emiliano Zapata, de lograr la restitución de las tierras de sus mayores que habían sido usurpadas por las haciendas. Demanda que se tradujo, en oposición a Madero, en el Plan de Ayala de 1912.
Entonces, se retomó el debate agrario que había quedado suspendido en el tiempo. Manuel Bonilla, quien accedió a la dirección de la Secretaría de Fomento en el último trimestre de 1912, asumió la propuesta porfirista de "avanzada": impulsar la pequeña propiedad a través del sistema de "producción familiar" y fomentar un fraccionamiento natural del latifundio mediante políticas arancelarias y productivas que condujeran a la baja el valor de la propiedad raíz. Pero este programa se quedó en suspenso porque, como comenta Fernando González Roa, "se escucharon los primeros cañonazos de la ciudadela". "Es decir, la revuelta encabezada por Victoriano Huerta, conocida como decena trágica, que culminó con los asesinatos de Madero y Pino Suárez.
El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, emitió el Plan de Guadalupe, el 6 de marzo de 1913, que desconocía al presidente usurpadory a cualquier otro que proviniera del cuartelazo de febrero, y también a los gobiernos estatales que hubieran aceptado su dominio: la Revolución, en su etapa constitucionalista, se había iniciado. En su proceso, el proyecto agrario porfirista entroncaría con el proyecto de restitución de tierras de Emiliano Zapata, y también con la Ley del 6 de enero de 1915 de Venustiano Carranza y la emitida por Francisco Villa.
Antes de entrar en materia, cabe señalar que los proyectos agrarios revolucionarios, y después las legislaciones de los sonorenses y la cardenista, de cobertura nacional, tuvieron un efecto diferente en las entidades federativas. Efectos que, por otra parte, permiten sopesar más objetivamente las pretensiones y propósitos del proyecto agrario mexicano. En esa razón, este trabajo sigue la forma como la legislación agraria se fue entretejiendo con las vicisitudes políticas nacionales y la estructura socio-económica del estado de Querétaro.
Las propuestas agrarias revolucionarias
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En Querétaro no se tenía ninguna intención de fraccionar las haciendas. Esta afirmación es válida aún cuando el hacendado Julián Malo Juvera, quien se había sumado a las filas constitucionalistas en 1914 y al villismo en 1915, había publicado en enero de 1915 un "Proyecto de ley para el fraccionamiento de terrenos". En honor de Malo Juvera, ése fue el único documento agrario queretano antes de 1923 que postulaba el fraccionamiento de la hacienda. Malo Juvera, entonces villista, proponía una expropiación en base al valor que el propietario otorgara a sus terrenos y una "venta" de los lotes a todos los mexicanos "honrados y laboriosos". En su propuesta el fraccionamiento de las haciendas seria un negocio particular, ya fuera que estuviera en manos de los dueños de los terrenos o de compañías formadas ex-profeso para el fraccionamiento.
El proyecto de Malo Juvera, de claras reminiscencias porfiristas, no ejerció influencia alguna en la entidad. Tampoco tuvo impacto la Ley de dotaciones y restituciones del 6 de enero de 1915 emitida por Venustiano Carranza ni circuló, por el control político-social que ejercían los hacen dados, el Plan de Ayala de Emiliano Zapata. Ciertamente, en Querétaro no había un ambiente favorable a la reforma agraria ni se distribuía información al respecto, puesto que nadie estaba interesado en despertar la "avaricia" de los pueblos indios y los pueblos libres de la entidad que, desde el al menos siglo XIX reiteradamente habían reclamado la devolución de. los terrenos que habían sido usurpados por las haciendas. También es cierto que la Comisión Local Agraria, órgano que había sido establecido por la Ley del 6 de enero de 1915 para encargarse de atender las solicitudes de restitución y dotación, sólo había funciona do algunos días debido a la inestabilidad política y militar de ese año Así, ningún pueblo de Querétaro se acogió a los beneficios de la ley.
No obstante, una vez reinstalada la Comisión Local Agraria en 1916, una vez que los carrancistas ocuparon la plaza de Querétaro que había sido tomada por los villistas, de inmediato tres pueblos se acogieron a la ley del 6 de enero de 1915: Santa Rosa de Jáuregui, pueblo libre de la entidad, y los pueblos Hñahñú, Santiago Mezquititlán del distrito de Amealco, y el barrio de La Magdalena de la municipalidad de Tequisquiapan del distrito de San Juan del Río.
Pero entonces, se había decidido no poner trabas al desarrollo agrícola de los, hacendados de Querétaro, estado que se había convertido en uno de los graneros. del gobierno que encabezaba Venustiano Carranza. En ese propósito, y con el deseo de evitar que otros pueblos solicitaran demandas de restitución, los. tres poblados enfrentaron el mismo dictamen , : según el perito evaluador, los documentos presentados para hacer valer los derechos de propiedad de, los pueblos eran "apócrifos pues ni por su aspecto, ni por el papel, en que están escritos, letra de ellos y la fecha en que aparecen, otorgados merecen ningún crédito respecto a su autenticidad".
En el bienio 1916-1917, tanto las autoridades militares (carrancistas) como los hacendados, de Querétaro temían que se despertara el viejo anhelo indígena de recuperar las tierras usurpadas por las haciendas, tanto desde tiempos "inmemoriales" como durante la década 1870-1880 cuando los hacendados habían extendido los límites territoriales de sus propiedades a fin de acaparar el recurso agua. De ahí que los miembros de la Junta Local Agraria, coaligados con el grupo de los hacendados, aceptaran que los títulos de propiedad presentados en 1916 eran falsos.
Sorpresivamente, los habitantes de la cabecera distrital villa de Colón pidieron dotación de tierras en ese mismo año. En ese entonces, 1916, la villa de Colón tenía 624 jefes de familia que podían ser dotados. Algunos de ellos eran propietarios de "lotes" dedicados a la agricultura y otros se dedicaban la compra-venta de ganado. Es decir, se trataba de una comunidad de rancheros, próspera corno otras de la entidad, que mantenía vínculos con las haciendas comarcanas. Los dueños de las haciendas que podían ser afectadas, Pedro Gorozpe, el propietario de la hacienda de Ajuchitlán y sus anexas, El Rosario y Panales, y el del rancho Santa María de Guadalupe o El Mexicano, alegaron en su defensa que los habitantes de Colón no podían solicitar dotación de tierras porque no tenía la categoría política que había determinado la Ley del 6 de enero de 1915, es decir, no se trataba de una población de escasos recursos. Además, las susodichas fincas ya habían sido fraccionadas.
Es claro que se quiso impedir que la solicitud de los rancheros de la villa de Colón prosperara, puesto que bajo su ejemplo se corría el riesgo de que todos aquellos individuos que habían sido dotados de tierras por las leyes liberales de mediados del siglo XIX también hicieran solicitudes de dotación para ampliar sus ranchos. Y era muy difícil rechazar esas solicitudes porque los dotados por las leyes liberales se habían asentado en poblaciones nuevas, "libres" Es decir, sus viviendas no se localizaban en terrenos que eran propiedad de las haciendas como pasaba con muchas rancherías o lugar de asiento de los peones y medieros de las fincas rústicas. Por esa independencia, y según la Ley del 6 de enero de 1915, podían ser dotados. En tal situación estaban los pobladores de El Sitio, Corral Blanco (años más tarde denominada Ezequiel Montes), Arroyo Seco (en 1904 denominada Pedro Escobedo) y Concá, situado a la vera de la hacienda San Nicolás Concá.
La fuerza económica que disfrutaban estas sociedades de rancheros y los vínculos que sostenían con las haciendas, puesto que fungían como medieros, administradores, mayordomos "mandones" y hasta de peones de las fincas rústicas podía empujarlos, si observaban qué había una vía institucional para lograrlo, a demandar las tierras de las haciendas que trabajaban como medieros o arrendadores, que generalmente, colindaban con sus fajas y labores de tierra. Era previsible además que si los rancheros ampliaban los límites de sus propiedades, las haciendas perderían no sólo parte de sus terrenos sino también una fuerza de trabajo, la más importante, puesto que los propietarios asumirían los puestos administrativos.
No obstante, los rancheros tardaron en organizar sus peticiones de tierras porque no conformaban un grupo unificado. Además, la Junta Local Agraria de 1916 se desintegró ese mismo año porque todos los miembros que la constituían --elementos de la clase media urbana- renunciaron el 21 de junio de 1916. En apariencia, esa renuncia masiva se debió a que nadie quería ser parte de un organismo que entraba en contradicción abierta con el poderoso grupo de los hacendados. Así, de 1911 a 1917 en el estado de Querétaro nada se había hecho en materia agraria.
Aún después de emitida la Constitución de 1917, la del país y la local, las solicitudes de tierras seguían siendo de restitución (once en sólo cuatro meses) y solamente se presentó una de dotación. Todas ellas rechazadas en 1919, con excepción de la petición de Santa Rosa de Jáuregui, porque Pastor Rouaix, secretario de Agricultura y Fomento, había asentado, en una circular del 21 de marzo de 1918, que no obstante que era "urgente" proveer de tierras para sembrar a los labradores pobres, ese reparto no era posible "por ahora", hasta que no se contara con la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. Sólo se podían otorgar tierras de acuerdo a la Ley del 27 de noviembre de 1896 y su respectivo reglamento del 6 de septiembre de 1897, que ordenaba el reparto individual de las tierras comunales y reconocía como labradores pobres aquellos cuyas propiedades valieran $200.00. La misma que había sido duramente criticada por Andrés Molina Enríquez en su conocida obra Los grandes problemas nacionales, porque era prácticamente imposible "medir" terrenos tan pequeños. Con esta disposición, el carrancismo iba en contra de las disposiciones de la Ley del 6 de enero de 1915 que había autorizado a las autoridades militares de cada lugar a efectuar "las expropiaciones que fueran indispensables" para dar tierras a los que carecían de ellas.
De manera independiente a las restricciones que existían en 1919, la petición del pueblo de Colón fue retomada. Entonces, se decidió dotar a solicitantes con 877 has. con terreno cerril y de mala calidad, que se tomaría de la hacienda El Lobo y sus anexas, que tenían una extensión de 36 170 has. y de Ajuchitlán, que medía 20,000 has. De tal manera que las 556 has. que se quitarían al Lobo y las 312 que se tomarían de Ajuchitlán eran inferiores a las extensiones de los pejugales que entregaban los hacendados a los medieros como parte del salario que devengaban.
Mientras el pueblo de Colón recibía esa dotación irrisoria, la solicitud del Pueblito, antiguo pueblo novohispano, fue rechazada porque los solicitantes eran, decían los hacendados, propietarios prósperos que sólo estaban interesados en apropiarse de las tierras irrigadas que colindaban con sus terrenos. Además, la mayoría de las haciendas que podían ser afectadas (las de Tejeda, El Cerrito, La Negreta y Balvanera) se encontraban fuertemente endeudadas por créditos que habían invertido en infraestructura de riego. Así, para proteger la agricultura de esta microregión, fue rechazada esta solicitud. Además, en una interpretación de la ley del 6 de enero de 1915 y del artículo 27 constitucional que perduró hasta 1940, los integrantes de la Comisión Local Agraria asentaron que el propósito de las leyes agrarias no era "convertir en propietarios de tierra a todos los habitantes de los pequeños poblados de la República, máxime, cuando tales habitantes como en el presente (villa del Pueblito) constituyen un factor imprescindible de la producción en grande escala cuyo fundamento es tan necesario". Principio que enarbolaban los hacendados, y que incluso en la cúspide del reparto agrario 1934-1937 tuvo que considerar el presidente Lázaro Cárdenas.
La razón por la que en 1919 se negó la restitución de tierras solicitadas por los pueblos otomí de Amealco expresa que se tenía claro, como en la última etapa del porfiriato, que la restitución de las tierras no resolvía el "problema angustioso de los pueblos". Para que la política agraria fuera efectiva era preciso que de manera simultánea se iniciaran las obras de riego, puesto que los vecinos de los pueblos indios "se conformaban" con el mísero salario que fluctuaba entre 12 y 25 centavos, para el cuartillo de maíz, porque sus tierras no producían lo suficiente para sostenerlos dado que eran de temporal y de mala calidad. También se sostuvo, en una contradicción con el planteamiento anterior, que todavía había suficiente tierra comunal para repartir a nivel individual. Se continuaba así la política agraria porfirista (reglamento de 1878) que había ordenado la titulación individual de los terrenos comunales. Bajo esas resoluciones, los habitantes de los pueblos de Colón, Boyé, y San Pablo, desistieron de sus solicitudes.
La única dotación de tierras que se concedió en 1919, además de la restitución otorgada a Santa Rosa de Jáuregui, tuvo un origen político. Se trató de los habitantes del, antiguo Arroyo Seco, el actual Pedro Escobedo, pequeños comerciantes que para mejorar sus ingresos habían solicitado las tierras de las haciendas comarcanas (El Ahorcado, San Clemente, El Sauz, La Lira y el rancho Arroyo Seco).
En este caso, los hacendados intervinieron directamente asegurando a los habitantes de Pedro Escobedo que de seguir con sus pretensiones agrarias, les quitarían el acceso a las aguas del Río San Juan que controlaban las mencionadas haciendas y nunca más volverían a ser ocupados (contratados) por las haciendas.
Tal manifestación ponía en evidencia que el control del estado seguía estando en manos de los hacendados y no del poder político revolucionario. Incluso para los carrancistas, lejanos de los postulados agrarios, era inaceptable que un grupo de particulares se pusiera por encima de la jurisdicción gubernamental, como se desprendía de las declaraciones de los hacendados sanjuanenses. De ahí que se decretó que era procedente la dotación del pueblo de Pedro Escobedo porque "era un grupo explotado por las haciendas". En realidad no era así pero, ¿qué otra justificación podían escoger?
Es claro que los esfuerzos históricos de los pueblos indios y los rancheros en nada coincidían con las pretensiones locales y federales del carrancismo. Hasta 1920, las dos resoluciones favorables concedidas en el estado de Querétaro pueden considerarse simbólicas y representativas de una intención revolucionaria poco interesada en expresarse en cambios concretos en la tenencia de la tierra. Pese al artículo 27 constitucional, el gobierno federal, el de don Venustiano Carranza, carecía de un proyecto agrario.
La falta de visión de los carrancistas, o su ceguera para medir la importancia que tenía para la estabilidad política y el desarrollo del país el fraccionamiento de los latifundios, la fundación de instituciones de crédito, la infraestructura para la producción (obras de ingeniería hidráulica, caminos) y el fortalecimiento de la educación de los productores rurales no es sorprendente. En todo caso, era una consecuencia de la situación del país, que demandaba todos los esfuerzos para lograr su pacificación. También reflejaba las diferencias que existían en torno a las formas, radical o violenta, de realizar el fraccionamiento de las haciendas y sobre el sistema de tenencia que se deseaba instrumentar: la pequeña propiedad en coexistencia pacífica con la gran propiedad, como era el proyecto porfirista de 1902, o la restitución y dotación de las tierras comunales a los pueblos como pretendía el Plan de Ayala de Emiliano Zapata que, aunque Luis Cabrera dice que no se conoció hasta el triunfo de la Revolución sobre el huertismo (en 1914), influyó para que se enfatizara la necesidad de convertir a los peones en colonos libres que cultivaran su propio campo con sus familias. También circulaba la Ley agraria de Villa que fundamentaba el fraccionamiento de los latifundios no en razón de la pequeña propiedad sino en cuanto superficie máxima de terreno que podía disponer un sólo dueño. Cantidad quesería delimitada en función del riego, la densidad de la población, la calidad de las tierras "y todos los demás elementos que sirvan para determinar el límite más allá del cual la propiedad llegara a constituir una amenaza para la estabilidad de las instituciones y para el equilibrio social". Los villistas aspiraban, como registrara Antonio Díaz Soto y Gama en 1959, "a la posesión de una unidad agrícola que mereciera el nombre de rancho y, no a la parcela paupérrima del ejido".
Tales programas y propósitos estaban firmemente asentados en el México de la Revolución. En ese sentido, la inmovilidad de los carrancistas en materia agraria también se debía a que la política agraria se había dejado en manos de Pastor Rouaix quien, desde el triunfo maderista, había hecho suyo el proyecto porfirista más conservador. Por su parte, Manuel Bonilla, quien había sido Secretario de Fomento en el último trimestre de 1912, elaboró el proyecto de Ley Agraria del estado de Chihuahua, apegado a los principios porfiristas. Tanto es así, que Marte R. Gómez, quien elogiaba los méritos revolucionarios de Bonilla y su lealtad al maderismo, reconocía que el agrarismo de don Manuel "era comedido" porque consideraba que expropiar era "incurrir en actos de violencia".
Bajo una u otra concepción, en 1920 todas las fuerzas revolucionarias y políticas del país reconocían que el problema agrario ameritaba una resolución rápida y expedita. Sin embargo, frente a la necesidad de estabilizar el país, el carrancismo parecía desconocer la "urgencia" de resolver la problemática del agro.
CHICHIMECAS
PACIFICACIÓN DE LOS CHICHIMECAS DE LA SIERRA GORDA
En el presidio de San José Vizarrón de la Sierra Gorda, en veitiun días del mes de Octubre de mil setecientos cuarenta y ocho años: El Señor Don José de Escandón, coronel del regimiento de la ciudad de Querétaro, Teniente de capitán general de dicha Sierra Gorda, sus misiones, presidios y fronteras, y Lugar Teniente del Excelentísimo señor virey de esta Nueva España en la costa del Seno mexicano, por el nuestro Señor, etc. Hallándome en este dicho presidio de vuelta de campaña dispuse de orden del Excelentísimo señor virey de esta dicha Nueva España, á fin de aprehender ó extinguir los rebeldes apóstatas Jonases, que apoderados de las fragosidades de la mencionada Sierra Gorda han cometido los más atroces insultos en robos, incendios y continuas muertes, sin que hayan bastado á contenerlos, las exactas y costosas diligencias, que de casi dos siglos á esta parte se han continuado sobre ellos, y habiéndose ya conseguido su prisión é exepción de cinco que son los últimos que quedan… el único medio que puede precaver tal daño, es el de ir haciendo poblaciones en los parajes que se hallen más á propósito, en esta dicha Sierra Gorda.
En el presidio de San José Vizarrón, cuya misión se ha despoblado por las atrocidades que sus indios han cometido, se radiquen y pueblen treinta soldados con sus familias, a quienes se les conceden las mismas tierras que han estado asignadas á este presidio.
DICTAMEN DEL AUDITOR DE GUERRA, MARQUEZ DE ALTAMIRA
Muchos peores sin comparación son los indios Chichimecas Jonases de la Sierra Gorda, como ya de ciento treinta años lo escribió el Padre Torquemada en sus libros de la “Monarquía indiana” expresando que dichos indios Chichimecas eran los más barbaros de toda esta Nueva España, insociables é irreductibles, lo cual y bien largamente se ha experimentado, en estos apóstatas bárbaros Chichimecas, Jonases, reducidos á principio de este siglo por el Sr. Alcalde del crimen D. Francisco Zaraza, que los congrego en pueblo, y les aplicó las mayores comodidades de tierra y demás asistencias que luego desampararon; volviéndolos después á congregar por el año de catorce el Sr. Contador del Tribunal de cuentas, D. Gabriel Guerrero de Ardila.
Con inserción de este dictamen del Auditor, mande Vuecelencia librar despacho al coronel de la ciudad de Querétaro, teniente de capitán general de la Sierra Gorda, D. José de Escandón, para que luego haga formar un padrón y lista individual, de todas las ciento setenta y tres piezas de indios Jonases, sus edades y sexos, con sus más especiales señas, y los nombres de los vecinos dueños de los obrajes, y casas á quienes se han repartido dichas ciento setenta y tres piezas.
México, noviembre siete de mil setecientos cuarenta y ocho.- El Marqués de Altamira.
AHQ, Pacificación de los Chichimecas de la Sierra Gorda y Dictamen del Auditor de Guerra Marques de Altamira, Biblioteca Aportación Histórica, Editor Vargas Rea, México, 1944
En el presidio de San José Vizarrón de la Sierra Gorda, en veitiun días del mes de Octubre de mil setecientos cuarenta y ocho años: El Señor Don José de Escandón, coronel del regimiento de la ciudad de Querétaro, Teniente de capitán general de dicha Sierra Gorda, sus misiones, presidios y fronteras, y Lugar Teniente del Excelentísimo señor virey de esta Nueva España en la costa del Seno mexicano, por el nuestro Señor, etc. Hallándome en este dicho presidio de vuelta de campaña dispuse de orden del Excelentísimo señor virey de esta dicha Nueva España, á fin de aprehender ó extinguir los rebeldes apóstatas Jonases, que apoderados de las fragosidades de la mencionada Sierra Gorda han cometido los más atroces insultos en robos, incendios y continuas muertes, sin que hayan bastado á contenerlos, las exactas y costosas diligencias, que de casi dos siglos á esta parte se han continuado sobre ellos, y habiéndose ya conseguido su prisión é exepción de cinco que son los últimos que quedan… el único medio que puede precaver tal daño, es el de ir haciendo poblaciones en los parajes que se hallen más á propósito, en esta dicha Sierra Gorda.
En el presidio de San José Vizarrón, cuya misión se ha despoblado por las atrocidades que sus indios han cometido, se radiquen y pueblen treinta soldados con sus familias, a quienes se les conceden las mismas tierras que han estado asignadas á este presidio.
DICTAMEN DEL AUDITOR DE GUERRA, MARQUEZ DE ALTAMIRA
Muchos peores sin comparación son los indios Chichimecas Jonases de la Sierra Gorda, como ya de ciento treinta años lo escribió el Padre Torquemada en sus libros de la “Monarquía indiana” expresando que dichos indios Chichimecas eran los más barbaros de toda esta Nueva España, insociables é irreductibles, lo cual y bien largamente se ha experimentado, en estos apóstatas bárbaros Chichimecas, Jonases, reducidos á principio de este siglo por el Sr. Alcalde del crimen D. Francisco Zaraza, que los congrego en pueblo, y les aplicó las mayores comodidades de tierra y demás asistencias que luego desampararon; volviéndolos después á congregar por el año de catorce el Sr. Contador del Tribunal de cuentas, D. Gabriel Guerrero de Ardila.
Con inserción de este dictamen del Auditor, mande Vuecelencia librar despacho al coronel de la ciudad de Querétaro, teniente de capitán general de la Sierra Gorda, D. José de Escandón, para que luego haga formar un padrón y lista individual, de todas las ciento setenta y tres piezas de indios Jonases, sus edades y sexos, con sus más especiales señas, y los nombres de los vecinos dueños de los obrajes, y casas á quienes se han repartido dichas ciento setenta y tres piezas.
México, noviembre siete de mil setecientos cuarenta y ocho.- El Marqués de Altamira.
AHQ, Pacificación de los Chichimecas de la Sierra Gorda y Dictamen del Auditor de Guerra Marques de Altamira, Biblioteca Aportación Histórica, Editor Vargas Rea, México, 1944
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